La Delegación de Gobierno en Balears y las Consellerias de Benestar
Social y de Treball i Formació constituirán una comisión técnica
que se reunirá «de forma urgente» para coordinar la legalización de
los 10.000 inmigrantes que trabajan en las Islas de manera
irregular en el plazo de dos meses, según comentó la delegada del
Ejecutivo central, Catalina Cirer.
Este acuerdo surgió tras la reunión que mantuvo ayer la propia
Cirer con los consellers Fernanda Caro y Eberhard Grosske para
estudiar las fórmulas de agilizar la tramitación de expedientes de
los inmigrantes que, aún trabajando en el Archipiélago, no poseen
los correspondientes permisos. De hecho, según comentó el titular
de Treball i Formació al acabar el encuentro, los esfuerzos de la
Administración se tienen que dirigir a legalización de estos 10.000
inmigrantes pero también al colectivo de trabajadores inmigrantes
del servicio doméstico y a unos 3.000 más que no están registrados
ni han solicitado permisos pero que cumplen el requisito de haber
llegado a las Islas antes del pasado 23 de enero, fecha límite
impuesta por el Gobierno central para aplicar el concepto de
«arraigo».
Cirer, Grosske y Caro también debatieron la posibilidad de
regularizar a aquellos inmigrantes que cumplen el requisito de la
fecha de entrada en el país pero que no tienen, actualmente ofertas
de trabajo.
En este sentido los consellers de Benestar Social y Treball
propusieron, tal y como se recoge en las peticiones formales de la
Mesa de Diálogo Social, la creación de una bolsa de intermediación
que facilite el acceso de este colectivo al mercado laboral.
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