El president del Govern, Francesc Antich, se implicó ayer de lleno
en el conflicto del transporte terrestre al reunir a todas las
partes y perfilar un preacuerdo, el mismo que fue rechazado el
pasado sábado por la asamblea de trabajadores, que deberá ser
aprobado hoy. Por el Consolat de la Mar pasaron la delegada de
Gobierno, Catalina Cirer; los representantes sindicales de CC OO y
UGT, José Benedicto y Lorenzo Bravo; el presidente de la Federación
de Transportistas, Jaume Batle; los representantes de Aviba y los
directivos del Fomento del Turismo de Mallorca.
Cirer aseguró a los periodistas que los sucesos originados por
la huelga de transportistas en Balears «tienen un responsable muy
claro», que a su juicio, es el Govern presidido por Antich. Cirer
explicó que el Govern «tiene transferidas las competencias en
materia laboral, de transportes y de turismo».
«Por lo tanto "dijo" le correspondía al Govern la regulación de
los servicios mínimos». Antich, por otra parte, se comprometió ante
CC OO y UGT a ordenar el sector del transporte discrecional de
viajeros por carretera con el fin de que los trabajadores acepten
el acuerdo alcanzado por la patronal y el comité de huelga.
Benedicto y Bravo explicaron que, en su opinión, los
trabajadores aceptarán el convenio de tres años acordado por el
comité de huelga y la patronal y rechazado después en asamblea
siempre que se mejoren sus condiciones laborales. Asimismo, el
presidente de la patronal del Transporte Discrecional por
Carretera, Jaume Batle, aseguró que su organización mantiene la
oferta de un convenio laboral para tres años, con incremento
salarial medio del 18%, y expresó su confianza en que los
trabajadores lo acepten.
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