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A yer se recuperó la normalidad en los aeropuertos de Balears, pero la opinión pública sigue indignada. No se comprende que nadie fuese capaz de poner fin a una situación caótica que nos ha avergonzado a todos. La intransigencia de los conductores de autocares turísticos, que han puesto sus reivindicaciones económicas por encima del sufrimiento de los demás, que han campado por los aeropuertos con total impunidad, que han cometido actos coactivos y violentos, exigía una actitud más resolutiva y enérgica por parte de todas las administraciones afectadas, tanto el Gobierno central como el autonómico. Ha dado la sensación que turistas, residentes y profesionales del sector turístico han tenido que sufrir las consecuencias de las malas relaciones políticas antre el Govern (Pacte de Progrés) y el Gobierno de Madrid (PP). Antich y el conseller Grosske, al que no hay que enseñar cómo se organiza una huelga, deberían haberse implicado antes para evitar el espectáculo que hemos dado a toda Europa. Bastaría con haber aplicado lo que ahora prometen. Demasiado tarde. Y lo mismo cabe decir de la Delegación del Gobierno, máxima responsable de las fuerzas de seguridad. ¿En qué país vivimos, en que la policía permite estas salvajadas?

Comisiones Obreras tampoco se libra de las críticas. Cuando una huelga se escapa de las manos hay que exigir responsabilidades y si la asamblea, manipulada por extremistas a los que se les debería prohibir conducir un autocar, desautoriza a los negociadores, sólo cabe la salida honrosa de la dimisión.

La patronal deberá también reflexionar. El turismo les ha hecho a muchos de ellos millonarios. No discutiremos ni su capacidad empresarial ni su esfuerzo, pero tampoco obviaremos que han impuesto unas condiciones de trabajo que distan mucho de ser ejemplares. Una patronal responsable no puede exigir ni permitir, ni siquiera pagando altos precios, unos jornadas laborales inacabables. En esta huelga, que tardará en ser olvidada, no ha habido vencedores, sólo perdedores.