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Medio millón de personas afectadas no es un dato para tomárselo a risa y así parece haber reaccionado Comisiones Obreras ante la posibilidad de que las compañías aéreas le reclamen jurídicamente indemnizaciones por los daños y perjuicios causados durante la pasada huelga del transporte discrecional en Balears, convocada por este sindicato. Aún no se ha cuantificado el global de las pérdidas sufridas, porque todavía no se han valorado las reclamaciones particulares de todos los afectados, pero sin duda la cifra será escandalosa tras tres días de huelga sin servicios mínimos.

Pero las cosas no son tan fáciles en un asunto de tanto calado. Porque Comisiones Obreras, y en eso tiene el sindicato cierta razón, no cumplió los servicios mínimos que la Administración le impuso "del ochenta por ciento", pero nadie movió un dedo para forzarle a que los cumpliera. Así las cosas, el derecho a la huelga se convierte en un arma arrojadiza contra la ciudadanía, que hace más daño a la gente corriente que a la empresa a la que se intenta presionar.

Y ahí está el quid de esta cuestión, pues ni las empresas quisieron que se cumplieran los servicios mínimos por temor a represalias violentas de los huelguistas, ni las autoridades hicieron nada al respecto, sino mirar y callar, así que no será fácil establecer las responsabilidades últimas de este conflicto. Después del desastre todo son lamentaciones, pero ahora, con la cabeza fría, cabe preguntarse quién en última instancia pagará los platos rotos. Pensemos que en Alemania los pasajeros afectados ya han empezado a recibir compensaciones económicas, de una media de 25.000 pesetas, y eso, multiplicado por miles de personas, es una salvajada a la que no harán frente los touroperadores sin rechistar. La Justicia tendrá que pronunciarse y a buen seguro que su respuesta no satisfará a todos por igual.