Balears recibirá 214.000 millones de pesetas al año una vez que el
Govern y Gobierno negocien el traspaso de competencias en materia
de sanidad, según explicaron ayer el president del Govern, Francesc
Antich, y el conseller d'Hisenda, Joan Mesquida. Éste es el acuerdo
sobre el nuevo modelo de financiación al que Gobierno y comunidades
autónomas llegaron el pasado viernes en la reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera. En principio, la propuesta del
Gobierno era de 186.000 millones en pesetas de 2002, pero tras la
negociación se ha conseguido sumar a esa cifra 11.000 millones de
financiación de competencias más otros 17.000 millones como
sobrefinanciación del traspaso de sanidad cuando lleguen las
competencias.
De este modo, en principio el coste del traspaso de competencias
de sanidad está valorado, como mínimo en 85.000 millones de
pesetas, si bien el conseller d'Hisenda explicó que la aceptación
del sistema de financiación no prejuzga la aceptación del traspaso
de sanidad con esas cantidades. El president del Govern, Francesc
Antich, que ayer compareció con el conseller d'Hisenda, Joan
Mesquida, para explicar el acuerdo, afirmó que el nuevo sistema
supone una mejora con respecto al que ahora está en vigor, si bien
señaló que tampoco «es para tirar cohetes» porque siguen existiendo
déficits importantes. Por esta razón, aseguró que la próxima
batalla será la aplicación del Régimen Especial.
El conseller d'Hisenda, por su parte, reconoció que había vuelto
de la reunión con una «sensación agridulce» porque la regla de
modulación ha impedido que Balears reciba otros 17.000 millones más
de pesetas. Esta regla de modulación fija un límite de ingresos
para las comunidades que hayan tenido aumentos importantes de
población, como es el caso de Balears. Sin esta regla, Balears
podría haber aumentado su financiación en 28.000 millones, en lugar
de los 11.000 que ha recibido.
El conseller explicó que Balears no se planteó en ningún momento
quedar fuera del sistema ya que ello implicaría, entre otras cosas,
perder la gestión del 30 por ciento del IRPF y, como consecuencia
de ello, las desgravaciones fiscales establecidas por el Ejecutivo.
En cualquier caso, señaló que su intervención en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera había sido muy crítica «por la
legitimación que supone tener la peor financiación de España y
porque existe un sentimiento ciudadano de que esta situación
provoca un agravio comparativo», señaló Mesquida.
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