El Govern exige a Madrid que pague las inversiones sanitarias pendientes

El Ejecutivo espera asumir las nuevas competencias a partir de enero

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El Govern cree que las competencias de Sanidad serán asumidas en enero del año 2002. El conseller de Presidència, Antoni Garcías, quien el lunes se reunió en Madrid con el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, aseguró ayer que el Gobierno central tiene «la firme voluntad» de transferir las competencias sanitarias para que sean gestionadas por el Govern a partir de enero del 2002. «Nuestro objetivo es que la financiación per cápita en materia de sanidad no esté por debajo de la media, y otra de las exigencias del Govern es que Madrid pague todas las inversiones pendientes», apuntó Garcías.

El conseller de Presidència señaló que el Gobierno central debe comprometerse a financiar las obras de la reforma de Son Dureta, el hospital de Inca y la remodelación del hospital de Maó, una inversión que asciende a un total de 20.000 millones de pesetas. «Lo más importante de todo es que la financiación sanitaria en Balears puede situarse en los mismos niveles que la media nacional», planteó Garcías, quien recordó que Madrid invierte en materia sanitaria en Balears «mucho menos que en el resto del país». «Existen muchas posibilidades de que las competencias sean transferidas en enero», recalcó un optimista Garcías, quien confía en que, a partir de ahora, el Govern «pueda diseñar su modelo sanitario para el futuro».

Además, Garcías recordó que las competencias sanitarias están vinculadas a la gestión por parte del Govern de la nueva «cesta de impuestos», tal y como se acordó en la pasada reunión del Consejo de Política y Fiscal. El conseller Antoni Garcías aprovechó su reunión con el ministro de Administraciones Públicas para expresar su queja por la falta de una consulta previa por parte del Gobierno en la aprobación de leyes como las de Universidades y Formación Profesional, materias sobre las cuales las comunidades autónomas tienen competencias.

Garcías aseguró que el Gobierno también se ha comprometido a crear comisiones bilaterales en los casos en que la administración central considere que las instituciones autonómicas aprueben leyes que podrían ser inconstitucionales, aunque el conseller de Presidència no se mostró muy optimista al respecto. En este sentido, Garcías reiteró que el Govern está convencido de que la ecotasa es «un impuesto constitucional».

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