El Govern cree que las competencias de Sanidad serán asumidas en
enero del año 2002. El conseller de Presidència, Antoni Garcías,
quien el lunes se reunió en Madrid con el ministro de
Administraciones Públicas, Jesús Posada, aseguró ayer que el
Gobierno central tiene «la firme voluntad» de transferir las
competencias sanitarias para que sean gestionadas por el Govern a
partir de enero del 2002. «Nuestro objetivo es que la financiación
per cápita en materia de sanidad no esté por debajo de la media, y
otra de las exigencias del Govern es que Madrid pague todas las
inversiones pendientes», apuntó Garcías.
El conseller de Presidència señaló que el Gobierno central debe
comprometerse a financiar las obras de la reforma de Son Dureta, el
hospital de Inca y la remodelación del hospital de Maó, una
inversión que asciende a un total de 20.000 millones de pesetas.
«Lo más importante de todo es que la financiación sanitaria en
Balears puede situarse en los mismos niveles que la media
nacional», planteó Garcías, quien recordó que Madrid invierte en
materia sanitaria en Balears «mucho menos que en el resto del
país». «Existen muchas posibilidades de que las competencias sean
transferidas en enero», recalcó un optimista Garcías, quien confía
en que, a partir de ahora, el Govern «pueda diseñar su modelo
sanitario para el futuro».
Además, Garcías recordó que las competencias sanitarias están
vinculadas a la gestión por parte del Govern de la nueva «cesta de
impuestos», tal y como se acordó en la pasada reunión del Consejo
de Política y Fiscal. El conseller Antoni Garcías aprovechó su
reunión con el ministro de Administraciones Públicas para expresar
su queja por la falta de una consulta previa por parte del Gobierno
en la aprobación de leyes como las de Universidades y Formación
Profesional, materias sobre las cuales las comunidades autónomas
tienen competencias.
Garcías aseguró que el Gobierno también se ha comprometido a
crear comisiones bilaterales en los casos en que la administración
central considere que las instituciones autonómicas aprueben leyes
que podrían ser inconstitucionales, aunque el conseller de
Presidència no se mostró muy optimista al respecto. En este
sentido, Garcías reiteró que el Govern está convencido de que la
ecotasa es «un impuesto constitucional».
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