La reforma inroduce una reducción del 50 por ciento del aumento
de la capacidad de población previsto en el texto elaborado por
Jaume Matas, de forma que se pasará de un 10 a un 5 por ciento de
crecimiento, lo que implica una reducción de unos 196.000
habitantes potenciales. La reforma de las DOT también establece una
nueva ordenación del suelo rústico, con un aumento de las zonas
protegidas a través de la incorporación de las áreas de transición
y de las áreas de interés agrícola a un nivel de protección
superior. UM tampoco está de acuerdo con esta propuesta ya que
considera que debe ser regulada por los consells insulars.
Por lo que respecta al anteproyecto de ley del suelo, que el
Govern también quiere estudiar en la próxima reunión del Consell de
Govern, restringirá el concepto de suelo urbano consolidado para
permitir las edificaciones únicamente cuando los terrenos tengan
las infraestructuras necesarias para garantizar un mínimo de
calidad urbanística.
En paralelo, la ley establece mecanismos específicos de
protección para impedir su utilización especulativa inmobiliaria.
También regulará los derechos de edificación de vivienda en suelo
rústico. Entre las novedades que incorporará la futura ley del
suelo se encuentra la creación de la figura del agente urbanizador.
Esta figura se podrá actuar como promotor en lugar del propietario
cuando éste no promueva la urbanización en un tiempo establecido a
partir de la programación establecida en el plan.
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