El «caso Gescartera» amenaza con convertirse en una piedra
demasiado grande en el camino del Gobierno de José María Aznar.
Ayer comparecía en el Congreso de los Diputados la presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores para tratar de aclarar las
enormes dudas que se ciernen sobre un asunto que se ha convertido
ya en el mayor escándalo financiero de la «era PP».
Las cifras lo ratifican: trece mil millones desaparecidos,
sospechosas relaciones familiares entre altos cargos del Gobierno y
directivos de la sociedad de valores, más sospechosas aún
actuaciones de algunos de los inversores antes de la deblacle, el
oscuro pasado de los responsables de la empresa... todo ello lleva
a pensar en irregularidades graves o, como mínimo, en negligencias
de consecuencias nefastas.
Sin embargo, a juicio de la oposición, las explicaciones de
Pilar Valiente ayer en el Congreso no fueron suficientes, por lo
que ya ha pedido la creación de una comisión de investigación que
clarifique la situación. De hecho, el mismo desarrollo del debate
se pareció más a un circo en algunos momentos que a un intento
serio de devolver la confianza a la ciudadanía sobre el sistema
financiero español. En un rifirrafe entre miembros de los grupos
popular y socialista, la única defensa que los conservadores
hallaron para salvar la cara fue atacar al PSOE por su pasado de
corrupción.
Así no se arreglan las cosas. El Parlamento es una institución
capital que representa los intereses de todos los ciudadanos y ese
«y tú más» con que nos obsequiaron ayer sus señorías roza lo
intolerable. El caso es gravísimo, hay muchísima gente afectada "y
entidades diversas" y resulta del todo exigible una investigación
profunda, imparcial y que aporte toda la transparencia que hasta
ahora ha faltado.
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