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Una semana después de que el Consell de Mallorca aprobara una moratoria que limita seriamente el crecimiento urbanístico de la Isla, el Govern da la campanada anunciando su propia moratoria, que, esta vez, afecta a todo el Archipiélago. Es una medida contradictoria desde varios puntos de vista. Primero, porque parecía que la política general del Govern tendía a la descentralización y la cesión de competencias a cada uno de los consells insulars.

Por eso choca que se impongan desde el Consolat unas directrices en este sentido, cuando se supone que Mallorca, Menorca y las Pitiüses deberían poder establecer sus propios criterios de crecimiento, en función de su particular situación. Segundo, porque en el caso de Mallorca, la moratoria impulsada por Maria Antònia Munar es mucho más restrictiva que ésta, de forma que cualquiera se preguntará si era realmente necesaria.

Y tercero, porque la iniciativa del Govern añade más confusión a las cuestiones urbanísticas, pues se trata nada menos que de la quinta moratoria aprobada en los últimos tres años, que es precisamente cuando más ha crecido el bosque de grúas que nos rodea. A la hora de extraer conclusiones de esta actuación sorprendente, lo más fácil parece ser llegar a la idea de que se trata, simplemente, de una carrera absurda entre Consell y Govern por demostrar "no se sabe muy bien a quién" cuál de los dos ejecutivos es más ecologista. Lo triste es que al ciudadano verdaderamente le preocupa el futuro de estas Islas y la destrucción imparable a la que las someten intereses económicos puros y duros.

Sin embargo, no hay que olvidar que esta nueva moratoria, que sólo se aplicará cuando se levante la otra moratoria, la del Consell, ya no será algo lejano, que afecta a los grandes constructores. Ahora, con el sistema de cupos en cada municipio, muchísimos se podrán ver afectados. Por eso, los jueguecitos de «y yo más» deberían dejarlos para el ámbito privado y, en la esfera pública, dedicarse a poner remedio a la situación de modo consensuado.