«El hecho de que se establezcan cupos nos va a afectar mucho,
también económicamente», dijo el concejal de Urbanismo de Pollença,
Joan Cerdà (UM). En la misma línea se pronunció la alcaldesa de
Andratx, Margalida Moner (PP), quien ahondó en que «este tipo de
iniciativa pisotea las atribuciones municipales». Moner y su
delegado de Urbanismo, Eugenio Hidalgo, coinciden en que «se debe
poner freno» pero dudan de la eficacia de esta propuesta.
El responsable de Urbanismo de Alcúdia, Antoni Alemany (PSOE),
es optimista: «Lo necesario es buscar una fórmula para controlar la
segunda vivienda, pero en cualquier caso esta moratoria es una
medida positiva». Sobre la reducción de ingresos, opina que «los
ayuntamientos deberían haberse acostumbrado a vivir sin estos
ingresos para no tener que crecer siempre».
Miquel Nadal (PSOE), alcalde de Binissalem, opinó: «Es normal
que se apruebe una moratoria para suelo rústico que es hacia donde
se desplaza la presión pero no evitarán una presión de obras que se
realicen sin licencia, lo que supone un problema añadido. Los
pueblos de interior pagan ahora las aberraciones de la costa».
Josep Gomila (PSM), alcalde de Alaró, valoró el nuevo texto como
«muy positivo» porque «contempla medidas cautelares que evitarán
que se produzca una nueva avalancha de licencias».
El batle de sa Pobla, Jaume Font, dijo: «La nueva normativa es
todo lo contrario a un crecimiento programado, sólo genera
desconcierto; es necesario desarrollar el Plan Territorial de
Mallorca y Munar y Antich aparecen incapaces de hacerlo».
El alcalde de Campos, Andreu Prohens (PP), coincide con su
colega de Andratx: «Todos los municipios deberían ser soberanos en
materia urbanística. El Govern tiene que dar más competencias a los
ayuntamientos». Critica la norma cautelar porque «produce una
enorme psicosis y la petición de más licencias».
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