Esta confianza de la Conselleria fue expresada ayer por el
director general d'Arquitectura i Habitatge, Jaume Carbonero, quien
explicó que en los años 2000 y 2001, un 80 por ciento de la
protección oficial ha partido de la iniciativa de la
Administración, mientras que sólo el 20 por ciento restante
corresponde a la iniciativa privada. Una mayor participación de los
promotores privados se considera «imprescindible» para Carbonero
para ejecutar las 1.600 viviendas anuales de protección oficial que
permite la moratoria.
Carbonero anunció también para después del verano la aprobación
de un decreto de ayudas directas a la compra de viviendas ya
construidas y desocupadas. El decreto también incluirá ayudas a la
promoción privada de viviendas de protección oficial para alquiler
y subvenciones a determinados grupos y colectivos sociales que
tienen dificultades para acceder precisamente a un alquiler. Todas
estas medidas se incluirán en un plan autonómico de acceso a la
vivienda que completará el que funciona en todo el Estado.
El director general afirmó que los elevados precios de las
viviendas en Balears «no se justifican por la falta de casas, sino
por una inflación inmobiliaria desorbitada en relación a los
sueldos habituales de nuestra Comunitat». Actualmente, el precio
medio de la vivienda en Balears es de 206.000 pesetas el metro
cuadrado.
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