La Plataforma 0-3 reclama a la Conselleria d'Educació una reunión
en septiembre para discutir una propuesta de normativa sobre la
Educación Infantil, que actualmente regula el Decreto 1004, a
través del cual se pretenden optimizar las condiciones de la
escolarización de los niños de 0 a 3 años. «El pasado curso se
mantuvieron tan sólo dos reuniones con Educació (octubre y mayo) y
queda pendiente una tercera, que debía ser en julio pero se anuló y
exigimos celebrarla cuanto antes, pues algunos objetivos, que no
suponen una inversión económica, son factibles para el nuevo
curso», declaró Catalina Oliver, portavoz de la Plataforma.
Este colectivo exige, desde su creación hace dos años, que se
regule, en función de las posibilidades admitidas en la LOGSE, el
ciclo educativo de 0 a 3 años en la etapa conjunta de 0 a 6 años,
además de que se disminuya la ratio de alumnos por aula. Oliver
reconoció que «estamos preocupados ante la falta de respuesta y se
sensibilidad de las administraciones, en especial de la
Conselleria». Recordó que era un compromiso electoral del Govern de
Progrés la realización de un pacto por la educación con las fuerzas
políticas, entidades sociales y sectores educativos y también la
firma de convenios con ayuntamientos y otras instituciones a fin de
garantizar una red pública de escoletes infantiles con una
normativa para esta etapa.
Desde la Plataforma se insiste en la falta de plazas escolares
para este ciclo y en la necesidad de asegurar servicios educativos
públicos de calidad para todos. Junto a ello, advierte que el
próximo curso finaliza el plazo para que todos los centros de
Educación Infantil se adecúen al decreto de mínimos (Decreto 1004),
vinculante para los centros con educación de 0 a 6 años, «y todavía
no sabemos qué piensa hacer la Conselleria, cómo piensa afrontar la
tarea que le corresponde de supervisar que todos los centros
cumplen con los requisitos mínimos».
El plan de actuación urgente propuesto por la Plataforma se
concreta en la necesidad de regular -a través de un decreto ley-,
una normativa para los centros de Infantil y un decreto vinculante
para los mismos, el establecimiento de medidas para inspeccionar la
calidad y condiciones de los existentes y la creación de una red
pública de centros de Infantil. Este colectivo, formado por
maestros de escoletes municipales y privadas, profesores
universitarios, padres de alumnos y vecinos, demanda, además, que
se garanticen las ayudas a los centros para que se puedan adecuar
al decreto de mínimos y el diseño de un mapa escolar para realizar
la previsión de plazas necesarias.
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