Las relaciones entre el president del Govern y la presidenta de UM no se encuentran en su mejor momento.

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La Conselleria d'Obres Públiques estudia posibles vías jurídicas para tratar de eludir el envío de la moratoria al Parlament, como marca la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) en su artículo 17.2.c. Responsables de la Conselleria se reunieron ayer con asesores jurídicos para ver cómo es posible aprobar la moratoria de forma definitiva sin tener que recurrir al trámite parlamentario. El director d'Ordenació del Territori, Manuel Cabellos, mantuvo ayer reuniones con una serie de asesores jurídicos de la Conselleria para buscar una solución.

Cabellos explicó que los primeros informes sobre esta cuestión consideran «absurdo» que la moratoria deba ser convalidada en el Parlament, a pesar de que la LOT es explícita al respecto. «Una norma cautelar es, en esencia, una norma preparatoria para garantizar que la futura ley funcione correctamente», señaló Cabellos. Para el responsable d'Ordenació del Territori del Govern es «surrealista» que la moratoria no pueda ser aprobada por el Consell de Govern. Cabellos añadió que el propio Código Civil señala que, además de la literalidad, también hay que tener en cuenta el «espíritu de las leyes» y, según explicó, resulta impropio que las norma cautelares las tenga que aprobar el Parlament.

Cabellos añadió además que el mecanismo legal para remitir el texto de la moratoria al Parlament resulta complicado, ya que el ordenamiento de las Islas no contempla el decreto-ley, que sería lo más adecuado en este caso. En esta línea, las dudas que existen en este momento se refieren también a la posible tramitación de la moratoria en caso de que finalmente deba remitirse al Parlament de forma definitiva. La opción más clara en este caso sería la presentación de un anteproyecto de ley urgente por lectura única, es decir, sin posibilidad de que se introduzcan cambios.

En cualquier caso, en el Govern tienen claras dos cosas: en primer lugar, se ha decidido la ampliación del periodo de exposición pública de la moratoria, que en principio era de tan sólo 20 días y coincidía prácticamente con el mes de agosto. El plazo se prolongará hasta septiembre. Precisamente fueron las alegaciones del Col.legi d'Arquitectes las que alertaron de la necesidad de remitir el texto al Parlament. En la primera de sus alegaciones, los arquitectos criticaban que la moratoria no estuviera consensuada a pesar de que la LOT obliga a su aprobación en el Parlament en el plazo de seis meses.