UGT pidió ayer que la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI), que depende del Gobierno central; al propio
Gobierno y al consorcio que salga vencedor de la privatización de
Trasmediterránea que garanticen los cerca de 600 puestos de trabajo
que tiene la empresa en Balears y las condiciones socioeconómicas
de los trabajadores.
Con el objetivo de expresar estas exigencias y preocupaciones,
el jefe estatal de la Marina Mercante y Pesca del sindicato UGT,
Manuel Domínguez Segade, y el secretario general de la Federación
de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT, Pedro Berruezo, se
reunieron ayer con el conseller de Foment i Transports del Govern,
Francesc Quetglas, y con el director general de Transports, Joaquín
Rodríguez.
Según Berruezo, «básicamente hemos pedido tres puntos. El
primero, que se garantice un servicio público de calidad; el
segundo, que se mantenga la unidad de la empresa; y el tercero, que
se garanticen las condiciones socioeconómicas de los
trabajadores».
Además, Berruezo expresó su preocupación «porque últimamente se
ha desinvertido en las infraestructuras de la empresa en Balears,
al contrario de los que es necesario, una inversión importante». En
la reunión, Berruezo y Domínguez pidieron a Quetglas que declare el
interés general de las líneas que enlazan Balears entre sí y que
apoye la creación de nuevas líneas con el sur de Francia, con
Italia y con el norte de Africa.
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