La directora general de Comerç, Tuni Allés, indica que el plazo de
suspensión para que no se puedan construir más grandes superficies
en las Islas, «dependerá de la propia resolución del Tribunal
Constitucional y del tiempo que tarden los consells insulars en
redactar los planes de ordenación comercial. Lo que está claro es
que la actual moratoria, que finalizaba el próximo 20 de enero,
tenía que continuar como tal, de ahí la decisión del Parlament de
ampliarla sine die». Allés añade que lo único que se ha hecho es
crear un marco de actuación para prorrogar la moratoria y que se
cumpla la actual Llei de Comerç, cuyo artículo 14 es el que está
recurrido por el Gobierno central por considerarlo
inconstitucional.
Dicho artículo establece los parámetros de población para poder
construir establecimientos comerciales, «en la Ley se define
claramente el concepto de grandes establecimientos comerciales, así
como el procedimiento de la licencia autonómica de gran
establecimiento comercial. Bajo estos parámetros lo único que se ha
pretendido es ampliar el actual marco de operatividad más allá del
21 de enero de 2002, hasta que el Constitucional dicte sentencia o
los consells insulars tengan redactados y aprobados sus planes de
equipamiento comerciales en cada isla. Esta actitud preventiva es
lo que ha motivado la ampliación de la suspensión cautelar para que
se puedan instalar más grandes superficies en Balears».
La directora general de Comerç añade que por el hecho de de que
está en suspenso el artículo 14, «todas las grandes superficies
deben tener la oportuna licencia autonómica, pese a que no esté
vigente todavía las limitaciones que se establecen en dicho
artículo en materia poblacional». Con ello lo único que se pretende
«es defender los intereses del pequeño y mediano comercio en las
Islas hasta que haya una regulación aprobada por las partes
implicadas en la materia», afirma Allés.
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