Alrededor de 40 fiscales de toda Balears están convocados hoy a una
junta que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de
Balears (TSJB) con el «caso Formentera» como eje central de las
deliberaciones. El fiscal jefe, Antonio de Vicente Tutor, quiere
escuchar todas las opiniones antes de perfilar el escrito de
conclusiones que elaborará en torno a la supuesta trama de
captación irregular de votos entre emigrantes de Balears en
Argentina y Uruguay organizada, al parecer, por el PP.
La junta adquiere más relevancia tras el informe contrario a que
el Tribunal Supremo admita a trámite la querella criminal
presentada por el PSOE y EU en contra del ministro de Medio
Ambiente y ex president del Govern, Jaume Matas, la diputada
nacional Rosa Estaràs, y otras doce personas, todas ellas
vinculadas de una forma u otra al PP, emitido por el fiscal del
Supremo Jose María Luzón. El informe sobre el «caso Formentera»
elaborado en un primer momento por el fiscal de Eivissa, Antoni
Torres, y refrendado por el fiscal jefe de Balears, reflejaba
«indicios suficientes» para que el Tribunal Supremo se declare
competente para investigar la causa. Para ello, tendría que haber
existido el apoyo de la Junta de Fiscales de la Sala de lo Penal
del Supremo, que por ahora no se ha producido.
El Ministerio Público de las Islas envió el pasado verano una
extensa documentación al fiscal general, Jesús Cardenal, para que
decidiese el futuro de la instrucción. Este, sin embargo, dio
órdenes concretas para que la instrucción se siguiera desarrollando
en Balears, primero en el juzgado de Eivissa y, posteriormente, en
el TSJB, donde sigue su curso a la espera de agotar todas las
diligencias.
El fiscal Luzón argumentó en su escrito para oponerse a la
admisión a trámite de la querella criminal que «para realizar al
mismo tiempo propaganda política (en los viajes institucionales
organizados por el PP) podrá considerarse estética e incluso
éticamente como reprochable, pero en modo alguno puede constituir
un delito electoral, ni un delito de malversación al no acreditarse
que tal actividad de captación de votantes supusiera un gasto
adicional». La acusación, por su parte, criticó la «ligereza» con
la que había pronunciado sobre el tema la Fiscalía del Supremo y
expresó su confianza de que la postura de la Sala Segunda del Alto
Tribunal, que debe pronunciarse sobre la admisión a trámite o no de
la querella criminal, será «totalmente diferente».
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