El Inem ya no financia cursos de formación después del traspaso de competencias.

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El Instituto Nacional de Empleo (Inem) ha reclamado la devolución de unos 300.000 euros (50 millones de pesetas) por la financiación de unos cursos de formación continua organizados por empresas de Balears que no llegaron a realizarse. Según ha podido saber este periódico, el Inem inició hace aproximadamente un año la reclamación del dinero de unos cursos de formación continua "destinados a trabajadores en activo" que organizaron empresas especializadas de Balears. La normativa que ha tenido que aplicarse a dichas empresas establecía que la financiación recibida debía ser devuelta en su totalidad aunque sólo una parte de los cursos de formación no hubiesen podido justificarse.

La dirección del Inem detectó que algunas empresas de Balears no habían podido acreditar la realización de la totalidad de cursos de formación por la que recibieron fondos estatales, una circunstancia suficiente para devolver todo el dinero recibido. Aunque la normativa al respecto ha cambiado y en la actualidad se considera mucho más justa, la dirección del Inem en Balears optó por aplicar la legislación que estaba en vigor cuando se autorizaron los cursos de formación que han sido considerados irregulares. Ahora las empresas sólo deberían devolver la parte de los cursos que no pudiesen acreditarse. Algunos de los cursos que han sido considerados irregulares tenían que celebrarse durante varios años, aunque no todas las empresas pudieron cumplir los plazos pactados con el Inem. Los expedientes de las empresas especializadas que no justificaron la organización de los cursos permanecieron durante mucho tiempo guardados en un cajón de las oficinas principales del Inem.

Sin embargo, la actual dirección ordenó que se reclamase el dinero de todos los cursos considerados irregulares. Durante los últimos meses, algunas de las empresas afectadas han presentado alegaciones en contra de la reclamación del Inem, aunque muchas ni siquiera han contestado la notificación de un órgano que no ha sido transferido al Govern y que sigue dependiendo del Ministerio de Trabajo. Desde el punto de vista administrativo, las empresas expedientadas tienen que responder durante los próximos meses a la reclamación ejecutiva que ha presentado el Inem. El Inem teme que la devolución de los 300.000 euros no pueda resolverse por la vía administrativa y que deba acudirse a los tribunales para recuperar el dinero.

De hecho, el Inem está a la espera de que concluyan todos los plazos administrativos para exigir judicialmente el dinero a las empresas que no cumplieron la anterior legislación. Según ha podido averiguar este periódico, todos los cursos que han presentado irregularidades se organizaron hace unos cinco años y fueron realizados por unas doce empresas especializadas de Balears. Desde el pasado uno de enero el Inem se encarga únicamente de la inspección y de tramitar las prestaciones de desempleo, mientras que el resto de sus funciones han sido transferidas a la Conselleria de Treball. Precisamente, el Inem decidió iniciar la reclamación cuando se destapó el escándalo de las auditorías realizadas por el Govern a sindicatos y patronales de Balears por las irregularidades detectadas en los cursos de formación financiados con fondos europeos.

El Govern rebaja las reclamaciones de los cursos financiados con fondos europeos
El Govern ya ha resuelto 3 de las 35 auditorías realizadas a sindicatos y patronales por los cursos de formación financiados con fondos europeos. Los expedientes del Ajuntament de Palma todavía no han sido resueltos. La Conselleria de Treball ha ordenado la devolución de 9.000 euros (1'5 millones de pesetas) a tres de las entidades que cometieron irregularidades en la organización de cursos de formación realizados entre 1994 y 1999. Desde el departamento que dirige el conseller de Treball, Eberhard Grosske, reconocieron a este periódico que se ha fijado a la baja la propuesta de reclamación que había planteado la Intervención del Govern. La Conselleria de Treball ha tenido en cuenta la «confusa normativa» que existía cuando se cometieron las irregularidades detectadas en los cursos de formación para suavizar las reclamaciones.