«La saturación existente en las distintas juridicciones de Balears
me obliga a convocar una junta de jueces», explicó ayer a
Ultima Hora el juez decano, Pere Barceló. El
colapso en los tribunales será el primer tema del orden del día,
pero no el único, ya que los jueces abordarán otras cuestiones de
actualidad. La lentitud de la Justicia en las Islas no es un tema
que pille de sorpresa a magistrados, fiscales, abogados,
funcionarios y ciudadanos. Más de 20.000 casos esperan ser
resueltos. Precisamente, usuarios descontentos con la lentitud de
los juzgados en la resolución de las causas se han dirigido en
varias ocasiones al Defensor del Pueblo para denunciar esa
situación. Las quejas corresponden a la jurisdicción penal, civil
(por retrasos en la fases de declaración y ejecutiva) y contencioso
administrativa.
El elevado número de pleitos y la saturación de casos pendientes
que arrastran los juzgados ha sido atribuido por el juez decano,
Pere Barceló, al exceso de trabajo y a la acumulación de sentencias
en los juzgados: «En ningún caso, el origen de esa acumulación de
asuntos puede atribuirse a la inactividad de los jueces». «Los
jueces trabajan mucho; además hay que tener en cuenta algo
importante, como son las sentencias muy complicadas, donde el juez
necesita varios días para resolverlas», apunta Barceló.
Con respecto a la gran cantidad de casos que se acumulan en los
juzgados, algunos abogados consideran que en todos los territorios
donde hay un buen nivel económico, «por supuesto, hay más número de
impagados, de quiebras, y problemas de carácter económico; además,
en el caso de Balears hay siempre un mayor índice de delincuencia
concentrada en sus zonas turísticas», señalaron. El sector de la
Justicia en Balears señala que la estadística de casos pendientes y
resueltos revela carencia de medios materiales y humanos igual que
en el resto del Estado.
La creación de nuevos juzgados y, sobre todo, el nuevo edificio
de sa Gerreria tenían que reducir, en principio, los atascos en los
tribunales, pero por ahora no es así. Además, se intentó
especializar a los magistrados y personal administrativo en
determinadas aéreas delictivas. En ese contexto, se creó una
oficina de investigación patrimonial y solvencia de personas y
empresas incursas en causas judiciales que pueden tener
responsabilidad de índole civil.
Asimismo, la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil
(LEC), en enero del pasado año, provocó algunas disfunciones en los
funcionamientos de los juzgados. Antes, los procesos civiles, con
alguna excepción, se desarrollaban básicamente por escrito, se
incorporaban a la causa y el juez estudiaba los expedientes al
momento de dictar sentencia. Con la LEC, los jueces deben estar
presentes mientras se desarrolla el litigio. Todo ello exigió un
cambio de mentalidad en los profesionales y cambios muy
significativos en la forma de funcionar en los juzgados. Según las
fuentes consultadas por este diario, la Ley de Enjuiciamiento Civil
necesita «varios años de rodaje» para que supere las dificultades
iniciales, especialmente de índole técnico, ya que implica el uso
de vídeos, ordenadores y captadores de imagen y sonido, cuestiones
a los que miembros de la judicatura no estaban acostumbrados.
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