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EFE/M.A. Celestí Alomar, conseller de Turisme, admitió ayer estar preocupado por los efectos que puede causar la prohibición de beber alcohol en la calle en la llegada de visitantes a las islas. Esta preocupación -surgida a raíz de la decisión del Gobierno de prohibir a corto plazo el consumo de alcohol en la calle- la comparte Josep Oliver, presidente de la CAEB, quien aplaudió que el Gobierno haya decidido regular el consumo de alcohol en la vía pública, pero consideró que no es positivo «prohibir» del todo este tipo de prácticas.

«Hay que hacer una distinción entre el uso y el abuso», recordó el presidente de la patronal. «Regular sì; prohibir, no», añadió. En la misma línea se manifestó Joan Caules, director general de Joventut, quien aplaude la decisión del Gobierno de retrasar hasta los 18 años la edad mínima para beber alcohol y las restricciones de la venta, distribución y consumo de alcohol en menores, aunque criticó la prohibición para su consumo. «Se puede solucionar el problema de los vecinos que crea "el botellón", pero no el consumo de alcohol. La ley que está preparando el Gobierno para eliminarlo no va a resolver el problema porque los jóvenes se van a ir a beber a otro sitio».

«No es la solución más efectiva -añade-. Si se toman medidas policiales que no van acompañadas por medidas de sensibilización, preventivas y alternativas de ocio para los jóvenes, no se va a solucionar este problema», añade. Caules apuesta por crear en la poblaciòn (padres e hijos) unos hábitos saludables. «La raíz del problema es cultural y social. Se ha impuesto la cultura de la embriaguez».

Caules afirma que «si se pone en marcha esta ley -que yo discrepo en cuanto a la prohibición de beber en la calle- no se puede generalizar, por ejemplo en la celebración de fiestas populares», como es el caso de las Festes de Sant Joan. En este sentido, Joana Català, teniente de alcalde de Cultura de Ciutadella, afirmó que «no se pueden asociar las fiestas de Sant Joan con el botellón. Vemos con buenos ojos las medidas que impulsen un consumo moderado y cívico durante todo el año». Por su parte, Joan Fageda, alcalde de Palma, consideró buena la propuesta anunciada por el Gobierno, «ya que las medidas van en la misma dirección del Govern. Es bueno unificar el criterio en todo el Estado».