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El president del Govern, Francesc Antich, ha manifestado su firme decisión de aplicar el impuesto turístico, conocido popularmente como ecotasa, a partir del 1 de mayo, al no haber sido posible alcanzar un acuerdo con los touroperadores. Una decisión que cuenta con la oposición de los hoteleros y el sector turístico e incluso con algunas sugerencias, a favor del aplazamiento, de algunos de los socios del Pacte de Progrés.

Ciertamente, la idea de que un impuesto sobre el turismo revierta en la mejora del medio ambiente es positiva. De hecho, ésta es nuestra principal carta de presentación frente a los que nos visitan. Aunque, bien es verdad, que surgen enormes complicaciones a la hora de una aplicación práctica. La normativa de la Unión Europea (UE) hace inviable que el tributo se cobre en los aeropuertos, ya que no se pueden establecer descuentos para los residentes, lo que sería discriminatorio para con el resto de los ciudadanos comunitarios. Precisamente por ello se estableció que el impuesto fuese abonado en los hoteles. Pero, de esta forma, queda al margen del mismo el turismo residencial y, por supuesto, el turismo ilegal, es decir, el de las plazas no declaradas.

Antich quiso conseguir un amplio consenso con todas las partes implicadas con el fin de facilitar todo el proceso y arbitrar unos mecanismos que permitieran la aplicación de la ecotasa sin traumas ni graves enfrentamientos. Por parte del Govern se dieron las máximas facilidades para hacer posible el aplazamiento. Pero no ha sido posible. Quizá lo peor haya sido esa imagen de falta de decisión. Ahora, según Antich, ya no hay marcha atrás. Definitivamente, y siempre según el Govern, no hay aplazamientos.

Antich ha decidido jugársela a una carta. Llegados a este punto ya no cabía otra opción. Queda la duda de saber si se hubiera podido evitar llegar a esta situación sin retorno. La temporada está a la vuelta de la esquina. Ojalá nos sea propicia y no haya que achacar a la ecotasa unos malos resultados económicos.