Nekane Domblás04/04/02 0:00
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La Conselleria de Medi Ambient ha presentado un proyecto de ley a sus socios del Pacte en el que propone quitar a la Conselleria d'Hisenda el cobro del canon de saneamiento. En el proyecto de ley se pretende que sea la Conselleria de Medi Ambient la que realice el cobro del canon. El objetivo global del texto es que la Conselleria de Medi Ambient sea la única administración hídrica competente, lo que, en opinión de la Conselleria, debe además traducirse en una gestión directa del dinero ingresado a través del canon. En la Conselleria de Medi Ambient consideran que es preciso modificar el canon para hacer que su recaudación sea más eficaz. Junto a la recaudación del canon, los responsables de Medi Ambient quieren además administrar los ingresos derivados del canon.

Con la gestión de los ingresos por canon, la Conselleria de Medi Ambient quiere comenzar a zanjar la deuda del Institut Balear de Sanejament (Ibasan). A 31 de diciembre de 2001, el ente público que gestiona las depuradoras tenía una deuda viva de 89'8 millones de euros (14.941 millones de pesetas), aunque el Ibasan ha recibido préstamos avalados por el Govern por valor de 161'3 millones de euros (26.845 millones de pesetas) desde que fue creado en 1989. Los responsables de la Conselleria de Medi Ambient creen que esta deuda representa un auténtico «agujero negro» para las finanzas de la Comunitat. En consecuencia estiman que la única manera de que la empresa salga adelante es cobrar bien el canon de agua.

A los recelos lógicos que ha provocado esta propuesta entre los responsables socialistas se suman el rechazo claro de UM a esta ley. El texto ha sido presentado al menos en tres ocasiones al partido nacionalista para que reciba su visto bueno. Hasta la fecha, el rechazo se ha mantenido invariable. Las fuentes consultadas aseguran que el rechazo de UM a la aprobación de este texto se debe a un doble motivo: por un lado, estiman que la ley es excesivamente intervencionista en determinados aspectos. Pero además, en UM aspiran a que las competencias hídricas pasen a los consells en la próxima legislatura, por lo que no están interesados en una regulación global de Medi Ambient para toda la Comunitat.