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Una vez más la caja de los truenos se ha abierto en Euskadi, aunque en esta ocasión los que han sorprendido por su «radicalismo» han sido los obispos vascos que han suscrito una pastoral en la que advierten del riesgo que para la sociedad vasca implica la aprobación de la Ley de Partidos que ilegalizaría a Batasuna. La respuesta por parte del Gobierno Aznar ha sido muy dura, hasta el extremo de que se ha hecho llegar la protesta al nuncio del Papa en Madrid y directamente a la Santa Sede a través del embajador de España ante El Vaticano. El Gobierno ha querido expresar a la Iglesia católica su profundo malestar por las opiniones de los obispos. Ciertamente, el Ejecutivo puede rechazar las ideas de los prelados, pero lo que parece fuera de lugar es plantear el conflicto como una crisis diplomática entre dos países, España y El Vaticano.

No podemos olvidar, por otra parte, que también se han generado apoyos a los obispos desde el clero, el nacionalismo vasco y hasta desde la izquierda, aunque el socialista Zapatero se ha alineado con el Gobierno y ha exigido una rectificación que, sin duda, no se producirá.

Lo que los obispos han expresado ha sido su opinión sobre una situación delicada y problemática que "según temen ellos" puede ir a peor con las últimas medidas del Gobierno. Y en este país, como en cualquiera que quiera agarrarse a la bandera de la democracia y el pluralismo, el derecho a la libre opinión es sagrado. Que gusten o no las opiniones, que no coincidan con el pensamiento de PP y PSOE, o que no sean oportunas es ya harina de otro costal. La pastoral "aunque algunos quieran olvidarlo" condena el terrorismo y exige la protección de las víctimas, además de dibujar una clarísima frontera entre nacionalismo y terrorismo, detalle éste que muchos políticos "torticeramente" se empeñan en obviar.