Más de treinta familias de Balears han sido denunciadas esta semana
por modificar sus datos de empadronamiento en los municipios
insulares, especialmente en las ciudades de Palma, Pollença y
Eivissa, para garantizar a los hijos la plaza escolar deseada en un
centro determinado.
Todo ello corresponde al proceso de escolarización que este año
tiene que redistribuir 611 alumnos que no han encontrado plaza en
los centros solicitados.
El objetivo de los «mentirosos» es - supuestamente - eludir los
sistemas creados por la Conselleria d'Educació para evitar la
concentración del alumnado entre los colegios considerados
«prestigiosos», con independencia de su gestión pública o privada
concertada.
Las acusaciones, no obstante, no se lanzan ahora desde la
Administración que ha ordenado el sistema de escolarización actual,
sino que son los padres de los alumnos rechazados que han empezado
una verdadera cacería de empadronados falsos.
Los rechazados aportan los nombres y apellidos de las personas
que han conseguido una puntuación extraordinaria en la
escolarización de sus hijos mediante el cambio de domicilio
inexistente, que les permite disponer del máximo de puntos en un
sistema en que la proximidad domiciliaria otorga la preferencia de
admisión por zonas escolares.
«Las denuncias que recibimos las pasamos al servicio de
Inspección, para que comprueben que el consejo escolar -
responsable de cotejar las documentaciones remitidas según las
normas fijadas por el Govern - ha efectuado correctamente su tarea,
y es en general así», explica el director general de Planificación
y Centros de la Conselleria d'Educació, Jaume Gual.
«Pero el consejo escolar no puede valorar más que los documentos
que autoriza el ayuntamiento (es decir, los certificados de
empadronamiento), de manera que no puede juzgar sobre la validez de
los documentos entregados», añade Gual.
«Las denuncias más documentadas las transmitimos a los
ayuntamientos implicados, porque entendemos que son ellos los que
pueden comprobar si una persona vive o no vive en la dirección en
que está empadronada. Son ellos (los consistorios) los que tienen
que enviar sus agentes: parece muy fácil saber de esa manera si se
vive, efectivamente, o no en el lugar citado en la
documentación».
Para Jordi Llabrés - concejal d'Educación en el Ajuntament de
Palma, donde se concentran más del 85% de las denuncias presentadas
hasta ahora -, este argumento no es válido. «Nosotros suponemos que
cuando los padres empadronan un hijo en un lugar determinado, lo
hacen respetando la normativa vigente; y he de decir, como
representante de un consejo escolar, que se mantiene una vigilancia
en este aspecto. Otra cosa es que exista una picaresca que
aprovecha una normativa mal hecha: si el cambio entra en la
legalidad, no hay fraude, sino un texto malo».
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