Dos buques de la naviera Trasmediterránea, amarrados en el puerto de Palma.

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RUIZ COLLADO/J. J. S.
El Govern anunció ayer que la privatización de la naviera estatal Trasmediterránea conlleva un peligro latente para los intereses económicos y de los ciudadanos de las Illes Balears dado que los nuevos propietarios actuarán con criterios empresariales y de rentabilidad. «La privatización no debe implicar abandonar las competencias administrativas y para evitar que suceda lo mismo que con Iberia reivindicaremos la declaración de obligatoriedad de servicio público en el tráfico marítimo, puesto que es la única forma de garantizar el servicio público al margen de la mera rentabilidad económica», señaló ayer el conseller d'Obres Públiques, Transports i Habitatge, Francesc Quetglas.

El conseller afirmó que la privatización se ha realizado con «agosticidad (en alusión al periodo vacacional) y alevosía, y al estilo argentino, puesto que en todas las privatizaciones realizadas hasta la fecha siempre ha aparecido algún amigo del presidente del Gobierno, José María Aznar». Anteayer, el organismo estatal SEPI adjudicó la naviera Trasmediterránea al consorcio empresarial liderado por el Grupo Acciona, en el que participan la CAM y el grupo ibicenco Matutes, así como las navieras Armas y Aznar.

El president del Govern, Francesc Antich, señaló que la venta de la «Tras» le preocupa al Ejecutivo autonómico porque afecta a «un territorio insular» y en consecuencia el transporte marítimo «es mucho más que una contabilidad, es una necesidad». El vicepresidente del Govern, Pere Sampol, agregó a las palabras de Antich que anteriores experiencias en materia de privatización cuando han afectado a compañías de transporte aéreo se han traducido en «disparar las tarifas». Desde patronales y sindicatos también se expresó ayer una seria preocupación por el futuro de la naviera. Mariano Izquierdo (CC OO-Transportes) avanzó que analizará el expediente para ver si ha habido algún indicio de amiguismo.

La PIMEM reiteró al Govern su petición de que reclame ante los tribunales el cumplimiento de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1998, que incluía la declaración de servicio público de las rutas interislas, así como el desarrollo del Régimen Especial para Balears. «Con la argumentación de hace unas semanas del ministro Alvarez Cascos de que Balears ya cuenta con servicios adecuados de transporte y a buen precio, el Gobierno central deja constancia clara de su discriminación con respecto a nuestra comunidad, y de su desconocimiento sobre lo que les cuesta a los ciudadanos de estas Islas trasladarse al resto del territorio nacional, con unos descuentos del 33% que se han quedado lejos de las subidas en el precio de los billetes efectuadas hace tiempo», manifestó la patronal mediante una nota de prensa.

Por su parte, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) anunció ayer que impulsará la mejora de los sistemas electrónicos de gestión de cobros y pagos de la compañía en Trasmediterránea. La CAM, que participa en el consorcio comprador con el 15%, avanzó ayer el inmediato acometimiento de planes de inversión adicionales y que aplicará las últimas tecnologías para la venta de billetes, siendo éstas las primeras aportaciones de la entidad al consorcio.

Pere Sampol pide al Gobierno central que suprima las tasas aeroportuarias
El vicepresident del Govern y presidente del PSM, Pere Sampol, pidió ayer al Gobierno central la supresión de la tasa de seguridad aeroportuaria y la de navegación en los vuelos entre Balears y la Península. Sampol justificó que el Gobierno ingresará este año unos 60 millones de euros por las tasas que cobrará en el aeropuerto de Palma, más de lo que el Govern piensa recaudar con la ecotasa. «Si el Gobierno cree que la ecotasa es tan negativa para el turismo balear, que suprima las tasas aeroportuarias, que al final acaban en la caja única del Estado», exigió Sampol. El dirigente del PSM acusó a «algunos personajes de Madrid de hacer un gran daño a la imagen turística de Balears». «Cuando algunos ministros critican nuestro modelo turístico están haciendo un flaco favor a los intereses de nuestra comunidad», añadió Sampol. El vicepresidente del Govern entiende que si se mantiene la agresión del Gobierno en contra de Balears «habrá que reflexionar sobre el modelo de Estado», tal y como planteó hace unos días públicamente el propio Jordi Pujol. «El centralismo del PP y su avaricia recaudatoria nos pone las cosas muy difíciles; desde Madrid sólo llegan descalificaciones y nosotros les enviamos el dinero de nuestros impuestos», dijo Sampol.