El casi desmesurado aumento de precios registrado en los últimos
tiempos en el mercado inmobiliario español viene generando una
polémica entre quienes hablan a las claras de una burbuja
inmobiliaria "de esas que si revientan pueden dar al traste con el
conjunto de la economía", y los que lo reducen todo simplemente a
un problema de sobrevaloración. Sea como fuere, y a la hora de
explicar aumentos tan formidables como el de un 15% en los últimos
12 meses, es conveniente ante todo analizar las causas que han
conducido al actual estado de cosas.
Por encima de cualquier otra está la indiferencia del Gobierno
respecto a la cuestión. Las medidas teóricamente liberalizadoras
adoptadas por el Ejecutivo no sólo no han dado los resultados
previstos, sino que están en el origen de los enormes aumentos
registrados en el valor del mercado.
El problema es de envergadura social, especialmente si tenemos
en cuenta que las familias españolas han alcanzado ya un nivel de
endeudamiento del 77% de su renta bruta, y de ese total los
créditos para adquirir viviendas suponen un 40%. Aquí podría llegar
a ocurrir lo que sucedió la pasada década en el Reino Unido, o
México, en los que el valor de mercado de las viviendas llegó a ser
inferior al importe de la deuda hipotecaria contraída para
adquirirlas. Cierto que hoy la fuerte demanda en el mercado
inmobiliario está tras el encarecimiento de los precios. Y que la
implantación del euro motivó el que saliera a la superficie una
cantidad importante de dinero negro que en buena medida se dirigió
hacia el mercado inmobiliario.
Pero no lo es menos que el Gobierno no puede permanecer
impasible ante una situación tan delicada, en la que la
especulación campa a sus respetos, corriéndose el riesgo de un
verdadero colapso económico.
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