El conseller de Treball, Eberhard Grosske, aseguró ayer que la
reforma de las prestaciones por desempleo, que ha puesto en marcha
el Gobierno de Aznar, es un «regalo» para los empresarios, ya que
se ahorrarán cantidades importantes de dinero con la nueva
regulación de los salarios de tramitación. Añadió que también el
Gobierno se ahorrará dinero en las prestaciones por desempleo.
El conseller de Treball ofreció ayer una rueda de prensa
acompañado por el director del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB), Pere Mascaró, para explicar las razones que han
empujado al Govern a presentar un recurso de inconstitucionalidad
en contra de esta norma. Grosske explicó que el recurso está
avalado por los juristas de la Comunitat y por un informe del
propio Consell Consultiu.
Entre las razones apuntadas por el conseller para la
presentación del recurso se encuentra el hecho de que la aprobación
por la vía del decreto-ley supone una «alteración» del mecanismo de
la separación de poderes, ya que la Constitución prevé que se
emplee este sistema sólo en circunstancias excepcionales. Eberhard
Grosske apuntó además que los decretos-ley no pueden regular los
derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como es la
libertad de elección de la profesión y el oficio.
Para Grosske, esta nueva regulación no está pensada para
estimular la búsqueda de un trabajo, además de que perjudica los
derechos de los desempleados «al dificultar su acceso a una
prestación por desempleo y a mantener una carrera profesional con
dignidad», afirmó el conseller de Treball. Opinó además que el
decreto fomentará que los empresarios apuesten por el despido,
aunque sea improcedente, ya que ello no les supondrá ninguna
penalización con la nueva regulación de los salarios de tramitación
de esta reforma.
El conseller afirmó que el apartado referido a los fijos
discontinuos es muy peligroso y reclamó que el Gobierno actúe en
esta materia de una vez por todas, tal y como señala el Régimen
Especial. Al hilo de este asunto, el conseller de Treball denunció
que el Gobierno está incumpliendo esta ley de forma sistemática y
confió en que el nuevo ministro, Eduardo Zaplana, reactive las
políticas específicas en esta materia.
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