El pasado sábado Bilbao se convirtió en el escenario de una
provocadora manifestación, desautorizada por el Gobierno vasco y el
juez Baltasar Garzón. Fueron miles los manifestantes, hablan de
50.000. Entre ellos, varios dirigentes de Batasuna, que convocaron
la manifestación con el lema 'Gora Euskal Herria'. Debe quedar
claro que la manifestación se desautorizó precisamente porque
detrás de los convocantes estaba Batasuna y no por las ideas que se
iban a defender.
El balance es el sabido: cuatro personas detenidas y una
veintena de heridos. Nadie debería alarmarse en exceso por el
resultado porque ahora el País Vasco y Navarra van a «sufrir» las
lógicas consecuencias de la suspensión de actividades de Batasuna
decretada por el juez Garzón y la aplicación de la Ley de Partidos
Políticos, una ley que no gusta a todos, pero que fue aprobada por
la mayoría del Congreso de los Diputados. ¿Qué debería haber hecho
la Ertzaintza cuando, pese a la prohibición, se produjo la
concentración de los manifestantes? El PP ya ha criticado al
Gobierno vasco por no haber sabido atajar la manifestación desde un
primer momento, pero hay que tener en cuenta que cuando se habla de
50.000 personas se debe actuar con suma prudencia. Se debe hacer
cumplir la ley, pero no a costa de una batalla campal fuera de
control con docenas de heridos. Obviamente, los responsables de lo
sucedido serían los convocantes, pero en estas circunstancias hay
que evitar añadir más motivos de tensión. Batasuna proseguirá su
estrategia de confrontación. Ante ella, los demócratas,
nacionalistas o no, deben establecer acuerdos para erradicar la
violencia y garantizar el derecho a la vida, pero respetando el
derecho a la legítima discrepancia ideológica y sin pretender
adhesiones incondicionales.
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