«Aquí se acaba la caza mayor; el tiempo me ha dado la razón». Así
de contundente valoró ayer Jaume Matas la decisión del Tribunal
Supremo de devolver el «caso Bitel» a la Audiencia Provincial. En
declaraciones a este periódico, el ministro de Medio Ambiente
mostró «la misma tranquilidad que el primer día sobre un tema en el
que ya dije que era un montaje de los partidos del Pacte». «Sabía
que este asunto acabaría así porque siempre he tenido la conciencia
muy tranquila, pero ahora habría que pedir la opinión a Antich y a
los que crearon este montaje con dinero público», acusó el
presidente del PP tras conocer que no sería imputado por el
Tribunal Supremo.
Matas sostiene que el Govern ha adoptado «una política
desacertada para destruir al adversario» y aseveró que con la
decisión del Tribunal Supremo «se ha acabado la caza mayor» y la
instrucción en la Audiencia Provincial no tendrá ningún interés
político para los partidos del Pacte. El presidente del Grup
Parlamentari Popular, José María González Ortea, pidió a Francesc
Antich y a Francesc Quetglas que dimitan «si tienen vergüenza
torera». Para el presidente de los diputados del PP, el president
del Govern se jugó en el caso Bitel «su credibilidad y el dinero de
los ciudadanos».
Consideró además lamentable que un ejercicio «noble» como el de
la política se estropee con actuaciones como las del president del
Govern. Para González Ortea, la Conselleria de Presidència puso en
marcha este asunto por órdenes de Antich y Francesc Quetglas hizo
de «persona útil» a cambio de un premio: el de la Conselleria
d'Obres Públiques del Govern. Ortea recalcó además la coincidencia
de que «todo este cirio» se montara tres días después de que la
izquierda sufriera la mayor derrota en unas elecciones
generales.
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