Balears y el resto de islas europeas van a presentar el próximo 9
de octubre un estudio en el Parlamento europeo para explicar los
problemas que padecen las regiones insulares. El informe fue
presentado ayer por el conseller de Presidència, Antoni Garcias, y
por el titular de la Conselleria d'Hisenda, Joan Mesquida, quienes
consideran que el estudio es «una prueba documental del hecho
diferencial insular». El informe ha sido elaborado por Eurisles, un
órgano creado por la Comisión de las Islas de la Conferencia de las
Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, y que está integrada
por 20 regiones insulares de la Unión Europea.
Este informe tiene por objeto «probar ante las instituciones las
cargas de la insularidad», según Mesquida, quien cree que el
Tratado de Amsterdam tiene una interpretación ambigua para los
intereses de las Islas. «Lo que nos interesa ahora es que los
Estados miembros redacten una Constitución Europea que reconozca el
hecho insular», precisó el conseller d'Hisenda. En la elaboración
del estudio han participado las regiones insulares de Azores,
Aland, Bornholm, Córcega, Creta, Goso, Gotland, Guadalupe, Hiiumaa,
Balears, Islas Ionienes, Isle of Wigth, Martinica, Nord"Egea,
Orkney, Saaremaa, Cerdeña, Shetland, Sud"Egea y Westhern Isles.
El documento plantea que más de 13'5 millones de habitantes
viven en las Islas de la Unión Europea, las cuales representan
aproximadamente un 3'5 por ciento de su superficie. Los territorios
insulares proporcionan «a la UE una presencia económica y
geopolítica en casi todos los océanos del planeta y una frontera
activa con todos los continentes», según el documento. Desde el
punto de vista económico, el estudio sostiene que el 93 por ciento
de los isleños de la Unión Europea viven con un PIB per cápita
inferior a la media comunitaria, la vida es más cara en los
mercados insulares cerrados y los salarios son, en muchas
ocasiones, más bajos.
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