El jefe del servicio de Inspección Educativa del Govern, Pere
Carrió, aseguró ayer que en el último curso académico se abrieron
en Balears unos 18 expedientes disciplinarios con propuesta de
cambio de centro por conflictos derivados de la convivencia en los
espacios educativos. Carrió hizo estas declaraciones en el
encuentro que ayer y hoy se lleva a cabo en Palma entre los jefes
de Inspección Educativa de catorce comunidades autónomas, Carrió
aseguró que los casos de conflictos escolares se han reducido
sustancialmente en los últimos años gracias a la aplicación en los
centros de los programas de intervención educativa.
Asimismo, recordó que 18 expedientes abiertos no es una cifra
«preocupante» cuando se detectan en una comunidad educativa donde
están escolarizados unos 140.000 alumnos. Según señaló, el hecho de
que los estudiantes tengan que permanecer en los institutos hasta
los 18 años, unido al absentismo escolar, son algunos de los
factores que han contribuido a que surjan problemas de convivencia
en los centros.
Por otro lado, Carrió señaló que algunas de las principales
necesidades que tienen los centros de Balears se refieren, al
inicio del curso académico, a la escolarización de alumnos y a la
ampliación de infraestructuras básicas. Carrió comentó, por otro
lado, que los inspectores colaboran con los centros en la
planificación de las necesidades escolares y en la puesta en marcha
de medidas tendentes a reducir el fracaso escolar, una de las
tareas que, según los inspectores, requieren un mayor esfuerzo de
la Administración.
Disparidad de criterios sobre la Ley de
Calidad
Los inspectores analizan en Palma como conservar la autonomía en la
organización de estos servicios a raíz de la Ley de Calidad de la
Enseñanza, que a su juicio invade sus competencias pero que para el
Ministerio es «absolutamente respetuosa» con las peculiaridades de
cada comunidad. Los responsables de este cuerpo de las comunidades
españolas y el representante del Ministerio de Educación mostraron
ayer sus discrepancias en torno a la incidencia que tendrá el
proyecto de ley, que actualmente se tramita en el Senado, sobre el
trabajo de estos profesionales.
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