El Gobierno español no tan sólo suscribió el protocolo de Kioto
sino que desde entonces ha venido siendo uno de sus más acérrimos
defensores. Y, no obstante, se da la paradoja de que es
precisamente nuestro país el que más lo incumple en materia de
emisión de gases causantes del efecto invernadero. Durante el
pasado año, las emisiones volvieron a dispararse con un aumento del
4,54% respecto a 2001, lo que supone un incremento del 38% en
relación al año 1990. Es decir, que, en lugar de aproximarnos al
límite fijado por el protocolo de Kioto, nos alejamos sensiblemente
de él, lo que resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que
los topes establecidos en Kioto deberán cumplirse a rajatabla en el
cuatrienio 2004-2008.
Todo ello pone de relieve la ineficacia y falta de previsión
gubernamental en lo que concierne a medio ambiente. Aquí falta un
plan serio y también, muy posiblemente, interés a la hora de
aplicarlo. El problema, en su doble vertiente, es más delicado de
lo que parece. Por un lado, tenemos la siempre preocupante agresión
medioambiental originada por el exceso de emisión. Pero a ella hay
que añadir las desastrosas consecuencias que en lo económico traerá
esta mala política. Nos referimos a las multimillonarias facturas
que tanto la Administración como las empresas españolas tendrán que
pagar -puesto que así está estipulado- a la comunidad internacional
en concepto de compra de derechos de emisión, y a las multas que se
nos impondrán por el incumplimiento de lo suscrito. Para vergüenza
de todos, España es en este momento el país desarrollado que más
está aumentando sus emisiones de gases. Algo que, entre otras
cosas, prueba la preocupante incompetencia de un Ministerio de
Ambiente desde el que todavía se sigue hablando de un plan de
ahorro energético que llegará tarde y mal.
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