La decisión del presidente argentino, Néstor Kirchner, de
derogar la disposición que impedía a los jueces iniciar los
trámites de extradición de los militares acusados ante tribunales
extranjeros no tan sólo es de toda justicia sino que supone un paso
más en el retorno de Argentina a la normalidad.
Es evidente que la sociedad argentina se debía a sí misma algún
tipo de reparación después de la «prodigalidad» de los indultos de
Menem, o de la aplicación de leyes como la de Punto Final. Y al
conceder la posibilidad de que sean juzgados en el exterior quienes
están acusados de cometer delitos contra los derechos humanos bajo
la dictadura, el Gobierno argentino se honra a sí y a su pueblo, y
a la vez demuestra estar en sintonía con el mismo, algo que hacía
mucho tiempo que no ocurría.
Todas las encuestas llevadas a cabo tras la decisión de Kirchner
ponen de relieve que la mayoría de argentinos no sólo están de
acuerdo con ella, sino que son partidarios de revisar la actuación
de los militares en ese período negro de su pasado, al juzgar que
quedan todavía muchas cuestiones pendientes.
La lucha contra la impunidad, en cualquiera de sus formas, se ha
recrudecido ahora en Argentina al amparo de un momento histórico en
el que cada vez son más en todo el mundo los que creen que si la
injusticia no conoce fronteras, la justicia no tiene por qué
detenerse ante ellas. Sólo así, los responsables de tantas
atrocidades que han marcado la vida de una generación de argentinos
se verán obligados a enfrentarse a la ley con todas sus
consecuencias.
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