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El lehendakari Juan José Ibarretxe presentó ayer ante el Parlamento vasco las líneas maestras de su propuesta de libre asociación del País Vasco a España, algo que pone los pelos de punta al Partido Popular escudándose en una defensa acérrima de la Constitución, que considera intocable. Probablemente, Ibarretxe tenga legitimidad jurídica para presentar una propuesta de modificación del Estatuto y esté en su derecho de proponer lo que juzgue conveniente para lo que llama «un acercamiento entre Madrid y el País Vasco».

Está claro que, hoy por hoy, la distancia entre ambos es enormemente grande, muy superior a la que se da entre Madrid y Catalunya. El alejamiento es mutuo. Por ello, ambas partes deben de poner su granito de arena para favorecer la convivencia y unas saludables relaciones políticas e institucionales.

Existe una voluntad de cambio de una parte importante de la ciudadanía vasca y no hay que cerrar los ojos a este sentimiento. La Constitución española es lo suficientemente sólida como para salvaguardar la unidad en España, pero no debe hacerlo a costa de todo y sobre todos. La rigidez con la que los populares defienden el contenido de la Constitución no se puede justificar si la introducción de determinados cambios en su texto permitiera una mejor convivencia entre las autonomías españolas y el Estado.

Por eso, convendría estudiar fórmulas para avanzar, no para mantenerse o retroceder. Está claro que la propuesta de Ibarretxe puede tener tintes secesionistas, pero también es cierto que la Constitución no tiene por qué ser inamovible. Lo lógico sería avanzar en el buen entedimiento entre Madrid y las autonomías, sin cerrarse en banda ninguna de las partes.