J. L. Ruiz Collado30/09/03 0:00
TW
0

Los ciudadanos de las Islas son de los más endeudados en materia hipotecaria a nivel nacional, a tenor de la evolución crediticia en las Islas durante este año y en la serie histórica desde 1991 (ver gráfico adjunto), según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, en el acumulado enero-junio de 2003, bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito han formalizado 14.956 hipotecas por valor de 1.638'6 millones de euros en Balears, que representa una incremento del 5'47% en el importe y de un 2'3% en el número. El último dato estadístico dado a conocer ayer por el INE, refleja que los habitantes de Balears y La Rioja concentraron el pasado mes de junio el mayor número de fincas hipotecadas, 331'9 y 242'8 inmuebles por cada cien mil habitantes, respectivamente. Y también fueron estas dos comunidades las autonomías con mayor cantidad de capital prestado por habitante: Balears, con 360'8 euros, y La Rioja, con 327'8 euros.

El Departamento de Economía de la CAEB indica que durante el primer semestre, «han aumentado el número de hipotecas rústicas y urbanas en las Islas, aunque a un ritmo más moderado que en ejercicios precedentes. Sin embargo, es destacable el hecho de que pese a la subida del precio de la vivienda, sigue aumentado la inversión crediticia en las Islas, fruto en parte por los bajos tipos de interés que imperan, circunstancia que palía en parte la carestía del precio de la vivienda nueva y usada», indica el responsable de este Departamento, el economista Vicenç Tur.

Bancos y cajas de las Islas incrementaron en un 3 por ciento el importe medio crediticio concedido en el primer semestre por hipoteca, 109.058 euros en las hipotecas urbanas y 120.075 euros en las hipotecas rústicas, superando ampliamente la media nacional, que se sitúa en los 105.275 euros. Tur destaca el hecho de que en el último año y medio se está produciendo un fenómeno nuevo a nivel hipotecario en las Islas, como es la refinanciación de las viviendas hipotecadas: «Ello implica un alargamiento del período de carencia del pago de las hipotecas y permite, en consecuencia, a los beneficiarios poder disponer de más liquidez».