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Afortunadamente los peores presagios no se cumplieron y un Tribunal Islámico de Apelación de Nigeria ha anulado la condena a muerte que pesaba sobre Amina Lawal por quedarse embarazada después de haberse divorciado, al apreciar «defectos técnicos» en la sentencia dictada en marzo de 2002. Si ya de por sí establecer que el tener un hijo fuera del matrimonio o el adulterio pueda ser motivo de apertura de una causa penal para las mujeres de aquel país es una barbaridad, la ejecución mediante lapidación de las pobres víctimas de esta ley islámica es atroz e impropia de la especie humana. Precisamente por ello debemos felicitarnos de que la fuerte presión internacional haya conseguido paralizar la condena a muerte de esta joven. Pero no debemos engañarnos. Hasta el momento han fallecido demasiadas personas en Nigeria por lo que, como mucho, pueden considerarse deslices y eso si realmente sucedieron. Las garantías procesales no parecen ser las adecuadas en aquel Estado.

En el caso de Amina Lawal, la comunidad internacional conoció el caso y pudo movilizarse con tiempo. Aún así, no es suficiente con que nos mantengamos alerta ante el surgimiento de posibles nuevos casos como el de Amina, sino que los diferentes gobiernos deberían plantearse qué está sucediendo para que en estos países se sigan aplicando criterios legales antediluvianos y profundamente bárbaros. De algún modo, a través de los organismos internacionales como las Naciones Unidas por ejemplo hay que echar una mano para que las cosas cambien radicalmente en Nigeria y en tantos otros países que tienen y aplican legislaciones inhumanas. No es tarea fácil, pero es la obligación que deben imponerse los principales gobernantes e instituciones del planeta.