Nadie puede poner en duda el derecho de cualquier ciudadano a
manifestarse libremente en defensa de sus ideas, pero este
ejercicio de libertad no debe utilizarse como un instrumento de
coacción para quienes sostienen otras ideas. De un modo muy
particular, debe garantizarse, en el ámbito autonómico, el derecho
a la libertad de expresión de los diputados, miembros del Consell
de Mallorca y concejales de los distintos municipios, que son los
legítimos representantes de la soberanía popular en sus respectivas
esferas de actuación política. Deben poder reunirse y poder votar
en libertad sin que vean amenazada su integridad física.
Por eso es absolutamente reprobable lo acontecido en la noche
del lunes en Costitx. El detonante, una moción del PSM contra la
autovía Inca-Manacor que fue rechazada por el Consistorio. La
consecuencia: forcejeos, empujones y la alcaldesa de Costitx y
presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, retenida durante hora
y media en el edificio.
Es comprensible que exista oposición a una nueva vía que,
inicialmente no figuraba en ningún plan, aunque sí estaba clara la
apuesta del PP por las autovías o autopistas, sin especificar por
dónde. Incluso es posible que un adecuado desdoblamiento de la
carretera Palma-Manacor pueda hacer innecesaria esta autovía. Pero
no es menos cierto que existe una base social, más silenciosa, que
puede estar perfectamente de acuerdo con el plan de carreteras de
PP y UM, partidos respaldados por un amplia mayoría de los
ciudadanos de Mallorca.
Una mayoría que no se encadena, no lleva pancartas ni insulta a
los políticos que mantienen opiniones distintas. Y lo que ya no se
puede tolerar bajo ningún concepto es que determinados partidos, en
un ejercicio de irresponsabilidad más que evidente, se sumen al
circo de coacciones, traspasando la barrera de la razón y eseny
característico de esta tierra.
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