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La cifra de los inmigrantes sin papeles no cesa de crecer, como revelan tanto los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística como los procedentes del registro de extranjeros del Ministerio del Interior. El pasado 1 de enero vivían en España 1.176.000 extranjeros sin permiso de residencia, es decir, unos 300.000 más que un año antes. Y al respecto hay que tener presente que se manejan datos procedentes de registros no siempre coincidentes, por lo que los expertos en inmigración recomiendan acudir al padrón como fuente más fiable, ya que la inscripción en el mismo concede al inmigrante irregular el derecho a la sanidad y a la escolarización de sus hijos y consecuentemente lo convierte en un trámite deseable. Sea como fuere, es un hecho admitido por casi todos que el aumento de la bolsa de los sin papeles serían susceptible de conducir a una situación insostenible de no aplicarse la política adecuada; algo que deviene un objetivo inalcanzable si el Gobierno de Aznar continúa haciendo oídos sordos a la realidad. Prácticamente todos los especialistas en la cuestión coinciden en que el crecimiento de la inmigración irregular se debe a dos factores: la negativa del Gobierno a llevar a cabo nuevas regularizaciones extraordinarias, y la cicatería con la que administra la concesión de permisos por la vía ordinaria. Y en este sentido hay que convenir que la última reforma de la Ley de Extranjería introducida por el Ejecutivo, que permitirá el acceso policial al padrón, no contribuirá en absoluto a mejorar las cosas sino todo lo contrario, puesto que puede retraer a muchos sin papeles temerosos de que su inscripción en el padrón facilite la posibilidad de que sean expulsados del país. Las soluciones no van por ahí. Lo procedente sería llegar a contar con información suficiente sobre la realidad del problema, en lugar de volverle la espalda, y posteriormente desplegar una política más «generosa», dentro de unos límites razonables, que permitiera la regularización de aquellos que pese a existir sobre el papel, se ven reducidos a la condición de sin papeles.