Este colectivo lamentó lo sucedido, «así como la criminalización
que se ha hecho del movimiento estudiantil por medios de
comunicación y Consell de Govern de la UIB, que han distorsionado
los hechos», según Joan Tomás Martínez, en nombre de la CEPC.
La asociación demandó «responsabilidades al rector de la UIB y
la dimisión del vicerrector d'Estudiants, Joan Antoni Mesquida»,
«ya que nos prometió que no habría presencia policial y sí la
hubo». La CEPC consideró que la protesta convocada en el exterior
del edificio transcurrió sin incidentes, «y hasta ahí llega nuestra
responsabilidad».
Además condenan que «se restringió el acceso al salón por
criterios ideológicos y estéticos» y que «los intentos por acceder
al edificio fueron reprimidos de forma desproporcionada por los
cuerpos de seguridad presentes».
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