El Defensor del Territori debía ocuparse de que todas las construcciones de las Islas se hagan dentro de la legalidad.

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Las direcciones de PP y UM han decidido congelar la tramitación del proyecto de ley de creación de la figura del Síndic del Territori ante la oposición manifestada por varios ayuntamientos, en su mayoría del PP. Se trata del segundo compromiso al que llegaron PP y UM tras su pacto postelectoral que queda aplazada. El primero de ellos, la polémica autovía Inca-Manacor, está a la espera de una respuesta oficial por parte de la dirección del PSOE.

Las fuentes consultadas por este periódico han asegurado que este aplazamiento sine die de la creación del Defensor del Territorio se debe a la radical oposición mostrada por algunos ayuntamientos, que consideran que este proyecto de ley invade sus competencias y, por ello, tiene aspectos que podrían considerarse inconstitucionales. Ante las reacciones adversas que la propuesta ha generado entre estos ayuntamientos, los responsables de ambos partidos han decidido aparcar la aprobación del texto.

De hecho, el texto que ya tenía definitivamente elaborado UM para su presentación oficial en el Parlament establecía que el Síndic del Territori asumiría, por la ley, la facultad de vigilar el cumplimiento de la normativa urbanística en todas las Islas, así como la tramitación de los expedientes sancionadores y el cobro de las multas generadas por estos expedientes.

El acuerdo programático de gobernabilidad firmado en su día por Jaume Matas y Maria Antònia Munar comprometía a ambas formaciones a presentar en el Parlament dos proyectos de ley muy concretos: el de viviendas turísticas vacacionales y el de la ley del «Defensor del Territori», tal y como se le llama textualmente en este acuerdo.