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El Govern balear ha dejado atrás planteamientos anteriores y exige ahora idéntico tratamiento y derechos que autonomías históricas como Catalunya que, verdaderamente, no nos supera en historia ni en peculiaridades. Así que puestos a reivindicar lo nuestro tenemos que ponernos serios y firmes. Y eso, naturalmente, implica hablar de dinero. De mucho dinero, pues para elevar el techo competencial del que disfruta Balears -que accedió a la autonomía por la vía lenta- es necesario mucho dinero. Y de eso se habló ayer en el Parlament, donde se abordó el tan de moda asunto de la reforma del Estatut.

Hay que tener en cuenta que competencias clave como sanidad y educación deberían refinanciarse constantemente siguiendo la evolución de la sociedad. Algo indispensable en las Islas al haberse registrado un notable aumento de población en los últimos años.

La clave está en la financiación y en la posibilidad de tomar decisiones independientemente de Madrid, especialmente en asuntos tan locales como puede ser la regeneración de playas, la construcción de paseos marítimos o la instalación de desaladoras, temas en los que la nueva ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya ha anunciado que piensa intervenir. Que estas competencias sigan siendo -como la gestión en exclusiva de los aeropuertos, otro asunto clave para nosotros- estatales resulta fuera de lugar. Gobierne quien gobierne en Madrid, es absurdo que en cuestiones de medio ambiente o infraestructuras no tenga Balears autonomía política y financiera para decidir lo que crea más oportuno. Igual que ocurriera cuando gobernaba el PP en Madrid y el Pacte en Balears, es patético que desde la Administración central se pretenda imponer unos criterios en relación a asuntos que deberían ser de exclusiva competencia autonómica, o incluso insular o municipal. Para evitar estas lamentables situaciones es imprescindible modificar, de forma consensuada, un Estatut que limita nuestras legítimas aspiraciones de mayor autogobierno.