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El relevo de la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, como miembro del consejo de administración de Patrimonio Nacional, por el alcalde socialista del municipio segoviano de San Ildefonso, decidido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, no tiene ningún sentido, salvo el de prescindir de la representante de Palma por el simple hecho de su filiación política.

Se ha truncado una tradición que se remonta a 1982. Desde ese año, Palma siempre ha tenido presencia en Patrimonio Nacional -organismo que administra los bienes del Estado afectados al uso y servicio de la Familia Real-, al margen del color político del alcalde de turno y del Gobierno central correspondiente. Y es que hasta ahora se había tenido muy en cuenta la especial relación de Palma con la Corona. No se puede olvidar que los Reyes disponen en Palma de dos palacios: La Almudaina, adscrito a Patrimonio Nacional, y Marivent, perteneciente a la Comunitat Autònoma.

Sin menospreciar los méritos de San Ildefonso, municipio en el que está ubicado el Palacio de la Granja, Palma no puede quedar marginada. No es sólo Cirer la castigada por el Gobierno. Al excluir a la alcaldesa, se comete un desaire a toda la ciudad. Lógicamente, Catalina Cirer remitirá una carta al presidente del Gobierno expresándole su protesta por una decisión que resulta, a todas luces, incomprensible, salvo que se quiera regresar al perpetuo enfrentamiento, pasando por alto cualquier consideración razonable. Y aunque sea legítimo que el PSOE quiera colocar a sus hombres y mujeres en puestos relevantes de la Administración, debe hacerlo sin causar agravios y poniendo las instituciones por encima de los intereses de partido.

Sabiendo que Catalina Cirer cuenta en esta cuestión con el apoyo de todos los palmesanos, sin distinción de partidos, sería deseable que el presidente, haciendo gala de ese talante que prometió impregnaría la actuación de su Gobierno, adoptara las medidas necesarias para volver a la situación anterior.