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El delegado del Gobierno, Ramon Socias, anunció ayer que será «beligerante» en la defensa del catalán en todos los ámbitos de la Administración central tras reunirse con Antoni Mestre, un joven mallorquín que denunció haber sufrido discriminación lingüística por parte de miembros de la Guardia Civil en los aeropuertos de Barcelona y Palma por expresarse en catalán. Mestre, acompañado por el escritor y periodista Llorenç Capellà, y con el apoyo en la calle de una veintena de personas, se entrevistó ayer con Ramon Socias en la misma Delagación del Gobierno para exponerle su caso, así como otros precedentes, y presentar una serie de propuestas para evitar situaciones similares. Al término de la entrevista, Socias salió de la Delegación con Mestre y Capellà para reunirse con las personas que esperaban a éstos en la calle (entre ellos, el padre del joven, Bartomeu Mestre) y les recordó que hace unos días adquirió una serie de compromisos en este sentido ante una representación de Joves per la Llengua.

Ramon Socias afirmó que en las próximas semanas remitirá una declaración a los medios de comunicación en la que expresará su compromiso con la defensa del uso del catalán en la Administración central, e intentará que ese documento sea consensuado con la Delegación del Gobierno en Catalunya. Asimismo, Socias animó a los ciudadanos que lo deseen a dirigirse en catalán ante la Administración central, «pues ése es un derecho recogido en la Constitución y en el Estatut d'Autonomia. El incumplimiento, por parte de algún funcionario, del derecho de los ciudadanos a ser atendidos igualmente en castellano o catalán dará lugar a la apertura de expedientes». El delegado del Gobierno también anunció que dará instrucciones a los jefes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para que se respete la oficialidad en Balears tanto del castellano como del catalán. Si bien reconoció que numerosos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado proceden de fuera y permanecen destinados aquí poco tiempo, lo que no les permite alcanzar al menos una cierta comprensión del catalán, «deben hacer un esfuerzo por comprenderlo y, si no es posible, recurrir a un compañero que sí lo entienda. Desgraciaamente, estas situaciones de incomprensión son frecuentes porque hay pocos policías o guardias civiles nacidos en Balears».

Finalmente, Socias pidió a los presentes que si experimentan situaciones de discriminación lingüística, se lo comuniquen a él personalmente, y, en términos protocolarios e institucionales, anunció una mayor presencia del catalán en la celebración del Día de la Constitución. Por su parte, Antoni Mestre hizo una valoración «positiva» de su reunión con Socias y pidió que tanto sus propuestas como las del delegado del Gobierno «se traduzcan en hechos». Mestre exigió «la depuración de responsabilidades» cada vez que se produzcan situaciones de discriminación, pues se trata de «derechos cívicos y libertades. Hablar en catalán no es un delito, y policías y guardias civiles deben estar al servicio de los ciudadanos y defender sus derechos».