El secretario general del PSIB, Francesc Antich, durante la presentación del informe de gestión. Fotos: JAUME MOREY

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Francesc Antich fue reelegido ayer secretario general del PSIB con el 61,5 por ciento de los votos (112 a favor, 72 abstenciones y 1 nulo, en un congreso que recuperó la tradición socialista al estar marcado por la profunda división interna. El reelecto secretario no aceptó la propuesta de los críticos, que pedían una presencia masiva en la Ejecutiva, además del veto a ciertas personas, y negoció con su corriente una Ejecutiva sin cuotas, pero que pudiera satisfacer a todas las corrientes. De hecho, la votación para elegir secretario general se retrasó hasta las 10 de la noche, cuando estaba prevista para media tarde.

El debate del informe de gestión presentado por la Ejecutiva saliente fue muy intenso y la primera votación ya marcó el signo con el que los socialistas afrontaban el congreso: la Ejecutiva logró el respaldo del 55,9 por ciento de los delegados, un total de 113 votos, y obtuvo el voto en contra del 39,6 por ciento de los compromisarios (80 votos). Nueve delegados, el 4,45 por ciento, decidió abstenerse.

En la presentación del informe de gestión, el secretario general de los socialistas admitió que se habían cometido algunos errores durante este mandato, como la falta de atención que se prestó al partido tras la entrada de muchos de los cuadros socialistas en el Govern del Pacte de Progrés. El secretario general de los socialistas se refirió también a la apertura de los expedientes y a la creación de una gestora en Palma, como consecuencia de la crisis vivida por el partido en la capital.

Sintonía con ZP
En el lado positivo, Francesc Antich destacó que nunca antes el partido había tenido unas relaciones tan buenas con la dirección nacional de los socialistas. También recalcó el importante trabajo realizado al frente del Govern, que en ocasiones ha sido minusvalorado por los propios socialistas en un ejercicio de excesiva autocrítica.

Por lo que respecta a las réplicas al secretario general, siete delegaciones presentaron un informe crítico, entre ellas las tres de Palma, además de las de Calvià, Llucmajor, Andratx y una de Menorca, a título individual.

Los reproches de Palma, con José Luis Mádico en cabeza, se debieron a lo mal que, a su juicio, se gestionó la crisis de Palma y por la «falta de tolerancia y de democracia interna» de algunos dirigentes socialistas de la capital, cuyo nombre no citó. Las delegaciones de Calvià y Andratx censuraron la mala gestión realizada por Antich al frente de la Ejecutiva y el representante de la delegación de Llucmajor, el ex conseller de Presidència, Antoni Garcías, llegó a reprochar al secretario general que hace casi un año que prácticamente no se dirigen la palabra, excepto para saludarse.

Tras la votación del informe de gestión, los delegados se reunieron en las distintas comisiones para abordar el debate de las ponencias política y de estatutos, mientras el secretario general comenzó los contactos para garantizarse el máximo apoyo a sí mismo y a la Ejecutiva que hoy saldrá elegida del congreso.

Muy poco ha trascendido de los nombres que acompañarán a Antich en la nueva dirección socialista. Se da por hecho que el actual secretario de Organización, Damià Cànoves, no repetirá en el cargo, al liderar la corriente crítica contra Francina Armengol, y también parecía fija la salida de Margarita Nájera. Aunque la Ejecutiva seguía negociándose a altas horas de la madrugada de ayer, una de las posibilidades es que un ex director general de la Conselleria d'Educació, Miquel Mestre, ocupe el puesto que deja Cànoves.

La presidenta del Consell de Menorca, Joana Barceló, es uno de los nombres fijos de la dirección socialista, mientras que por parte de Eivissa surgen más problemas ante la profunda división de los socialistas ibicencos. Los mismos problemas se plantean a la hora de incorporar a algún representante de Palma, una de las agrupaciones más críticas con Antich. Por lo que respecta a la quiniela de nombres posibles, dos de los que sonaban con fuerza eran los del delegado del Gobierno, Ramon Socías, y el de Bartomeu Llinàs.