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El anteproyecto de la nueva ley del divorcio aprobado ayer por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como cabía esperar, ya ha suscitado reacciones contrarias por parte del Partido Popular que cree que, a causa de la precipitación, pueden haberse cometido errores técnicos, y por parte de la Iglesia, siempre opuesta a cualquier norma de estas características. Aunque, en este punto hay que precisar que los católicos, al elegir esta opción, seguirán sujetos por voluntad propia a la normas de siempre, que excluyen la disolución del matrimonio salvo en los casos de nulidad, que son realmente excepcionales. No obstante, la reforma aporta novedades notablemente positivas para las personas que padecen una situación de desencuentro. Hasta el momento, la exigencia de un proceso previo de separación antes del inicio de los trámites del divorcio y esto, siempre con al menos un año de por medio desde la celebración del matrimonio, ha hecho que el proceso sea en exceso largo y, por si ello no fuera ya suficiente, más costoso. La nueva ley permitirá alcanzar el divorcio en apenas diez días si existe mutuo acuerdo. Un significativo paso adelante. Pero aún hay más, el proceso de divorcio se iniciaba, hasta el presente, debiendo aportar detalles, en ocasiones demasiado íntimos, para justificar la petición. Esto, afortunadamente, se suprime. Ya no será preciso presentar alegaciones de por qué se solicita.

El único punto que parece levantar una controversia justificada es el de la custodia compartida de los hijos, aunque ésta no es obligatoria. De todos modos, los jueces de familia serán los que determinen cómo y de qué manera debe llevarse a cabo con la ayuda de profesionales, de psicólogos y atendiendo a las necesidades, siempre, en primer término, del menor. Las personas que se ven abocadas a estos dolorosos procesos sin duda agradecerán que se simplifiquen los pasos y que se reduzcan los plazos para poner fin a una relación de forma más simple, más humana y mucho menos burocratizada.