Parece que el Gobierno Zapatero le ha cogido gusto a eso de
lanzar globos sonda -normalmente bastante polémicos- para enseguida
dar marcha atrás y contradecirse unos ministros a otros. Por eso
hay que coger con alfileres la última cruzada del Ejecutivo
socialista, anunciando una «hoja de ruta» para remodelar las
relaciones institucionales entre la Iglesia y el Estado.
Probablemente en los próximos días se suavizarán muchas de las
cosas que se están diciendo ahora, pero lo cierto es que el asunto
es espinoso y da para muchas tertulias.
Estrictamente hablando, España es un país laico desde que así lo
proclamara la Constitución de 1978. Sin embargo, a nadie se le
escapa el enorme poder que todavía ostenta la Iglesia y su inmensa
imbricación en la sociedad española, fruto de décadas de
dominación.
Hoy España es muy distinta de aquella de los años de la
dictadura y seguramente lo que Zapatero pretende es adecuar la
legislación a una realidad que cambia a velocidades pasmosas, pero
tampoco conviene precipitarse.
Si las leyes del divorcio, el aborto, los matrimonios
homosexuales, la eutanasia y demás van saliendo adelante será
porque la sociedad así lo demanda y la Iglesia católica -como las
demás- tendrá que aconsejar a sus fieles en consonancia con sus
creencias, pero acatando la legalidad vigente. Si en el futuro se
van recortando las subvenciones que todavía hoy recibe la Iglesia
deberá ser de forma paulativa para no causar un daño irreversible y
siempre contando con el diálogo entre los afectados. No olvidemos
que, aún hoy, nuestro país es mayoritariamente católico, aunque
poco practicante. Romper una situación tan históricamente arraigada
a golpe de decreto no es aconsejable.
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