El turismo residencial, a través de las viviendas vacacionales, se ha generalizado en las zonas turísticas de las Islas.

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El Govern propondrá desde el ámbito autonómico modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con el fin de poder delimitar en toda su amplitud el uso turístico y residencial de las viviendas vacacionales, ya que en dicha ley hay un vacío normativo que propicia el actual fraude fiscal y competencia desleal turística que se está produciendo en todas las zonas turísticas de nuestro país, entre ellas Balears y Canarias.

El director general d'Ordenació de la Conselleria de Turisme, Josep Aloy, indica que el turismo residencial es un segmento de oferta de alojamiento en auge en todos destinos vacacionales, cuya regulación, por entrar en concurrencia con la Ley de Arrendamientos Urbanos, «genera unos vacíos legales normativos que dificultan su reglamentación, de ahí los problemas que surgen en materia de ordenación turística y fiscal a la hora de poder controlar su actividad. La modificación normativa de la LAU, que se tiene que realizar de forma consensuada en el ámbito autonómico, tiene que delimitar perfectamente el arrendamiento urbano de la comercialización turística».

La modificación que quiere plantear el Ejecutivo autonómico que preside Jaume Matas a nivel nacional para lograr la modificación de la LAU, estriba en al espectacular auge del turismo residencial en las Islas, que tiene en las viviendas vacacionales su máxima expresión, circunstancia que ha sido objeto por parte de las patronales, asociaciones empresariales e instituciones turísticas de quejas generalizadas por su competencia desleal respecto a la actividad turística reglada.

El objeto del cambio de reglamentación en la LAU es tener delimitado todo lo que respecta a los arrendamientos urbanos vía alquileres, «pero que también se regule el uso turístico, puesto que cuando una vivienda se comercializa a través de un intermediario, tiene una rotación de temporalidad en su uso y ofrece servicios, está claro que ya no es un simple arrendamiento urbano y sí una actividad puramente turística. Esta actividad es la que conlleva a error y generar un fraude turístico y fiscal», puntualiza Aloy.