El Govern propondrá desde el ámbito autonómico modificar la Ley de
Arrendamientos Urbanos (LAU), con el fin de poder delimitar en toda
su amplitud el uso turístico y residencial de las viviendas
vacacionales, ya que en dicha ley hay un vacío normativo que
propicia el actual fraude fiscal y competencia desleal turística
que se está produciendo en todas las zonas turísticas de nuestro
país, entre ellas Balears y Canarias.
El director general d'Ordenació de la Conselleria de Turisme,
Josep Aloy, indica que el turismo residencial es un segmento de
oferta de alojamiento en auge en todos destinos vacacionales, cuya
regulación, por entrar en concurrencia con la Ley de Arrendamientos
Urbanos, «genera unos vacíos legales normativos que dificultan su
reglamentación, de ahí los problemas que surgen en materia de
ordenación turística y fiscal a la hora de poder controlar su
actividad. La modificación normativa de la LAU, que se tiene que
realizar de forma consensuada en el ámbito autonómico, tiene que
delimitar perfectamente el arrendamiento urbano de la
comercialización turística».
La modificación que quiere plantear el Ejecutivo autonómico que
preside Jaume Matas a nivel nacional para lograr la modificación de
la LAU, estriba en al espectacular auge del turismo residencial en
las Islas, que tiene en las viviendas vacacionales su máxima
expresión, circunstancia que ha sido objeto por parte de las
patronales, asociaciones empresariales e instituciones turísticas
de quejas generalizadas por su competencia desleal respecto a la
actividad turística reglada.
El objeto del cambio de reglamentación en la LAU es tener
delimitado todo lo que respecta a los arrendamientos urbanos vía
alquileres, «pero que también se regule el uso turístico, puesto
que cuando una vivienda se comercializa a través de un
intermediario, tiene una rotación de temporalidad en su uso y
ofrece servicios, está claro que ya no es un simple arrendamiento
urbano y sí una actividad puramente turística. Esta actividad es la
que conlleva a error y generar un fraude turístico y fiscal»,
puntualiza Aloy.
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