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Si entre los vecinos de las canteras de Son Anglada (conocidas como «de Establiments») se denotaba la escéptica satisfacción por el último anuncio de cierre, el pesimismo cundía entre los trabajadores por las inciertas perspectivas de su futuro laboral, al tiempo que las empresas (Gravillera Can Rosselló S.A. y Readymix Asland) aguardaban la notificación oficial, que todavía no se había producido, por más que ayer se produjo una reunión entre el teniente de alcalde de Urbanisme, Rodrigo de Santos, el gerente de Urbanisme, Juan José Ferrando y los representantes de las empresas, a los que les informaron de la decisión adoptada por el gobierno municipal. En el encuentro en las dependencias municipales, el responsable de Urbanismo solicitó a los empresarios que por el bien de los ciudadanos, y concretamente los vecinos de la zona, que una vez sea notificada formalmente la orden de cierre, procedan a ejecutarlo de forma voluntaria para de esta manera evitar la intervención de los agentes de la Policía Municipal. Según la nota de prensa enviada a este periódico, «el Ajuntament de Palma está haciendo todo lo posible para que el cierre se lleve a efecto con normalidad y sin que sea necesaria la fuerza pública».

Juan Antonio González, gerente de la cantera de sa Garrigueta Rassa, dijo que la empresa estaba esperando recibir la notificación municipal, que actualmente se encuentra en el negociado de notificaciones, y no se atrevió a asegurar cuál sería la acción inmediata de la empresa, puesto que a pesar de que extraoficialmente conocen las pretensiones municipales de cierre en 48 horas después de haber sido entregada la notificación, dijo desconocer si la orden se acataría en seguida o se esperaría a conocer si prospera el recurso para la suspensión del decreto que será presentado. González, mediante imágenes contenidas en un CD que muestra por el ordenador de la oficina, explica a Ultima Hora el plan de restauración de las canteras, presentado conjuntamente por ambas empresas. «Puesto que de lo que se trata es de eliminar el impacto visual, el plan propone la eliminación del macizo intermedio, cuya pared excavada es la que más se ve, para nivelar el terreno, al mismo tiempo que se empieza a repoblar de arriba a abajo, con árboles y plantas trepadoras. Para ello se construirían bancales de 7 por 7 metros, lo que facilitaría la regeneración. Los actuales bancales tienen una altura de 20 metros, por lo que si no nos dejan continuar con el plan, la restauración será muy complicada y pasarán muchos años antes de que el impacto visual quede solucionado».

Considera que el cierre decretado por la alcaldesa el pasado día 29 afectará a muchas empresas constructoras, especialmente las que trabajan en la zona de Palma, «porque deberán a acudir a canteras del interior de Mallorca, las grandes beneficiadas, lo que encarecerá los precios, puesto que el coste del producto es la suma de el precio del árido, la mano de obra y el transporte. Además, eso puede llegar a suponer un importante incremento en del tránsito de camiones y la saturación de las carreteras del interior de la isla». Los trabajadores están muy preocupados, porque no saben qué pasará realmente a partir del cierre. «Llevo más de 30 años en la cantera y me faltan dos para jubilarme, lo mismo que mi compañero, y podríamos perder mucho dinero por la jubilación, por no haber cotizado el tiempo necesario. Peor están otros más jóvenes, alguno de los cuales se han comprado un piso y están empezando su vida». Entre ellos cunde la opinión de que se trata de una medida política «porque el Ajuntament de Palma tiene abiertos muchos frentes en contra. El cierre de las canteras no es más que un lavado de imagen ante la opinión pública». Tampoco desdeñan la solución apuntada por algún vecino, de encargarse de la regeneración de la cantera como fórmula para no perder el empleo, con lo cual se cumpliría el doble objetivo de salvar el problema económico que se plantea para los trabajadores y sus familias, además de evitar que la restauración no tarde otros cincuenta años. En la cantera de sa Garrigueta trabajan 10 empleados de la empresa, más otros 15 de empresas subcontratadas. En Can Rosselló, hay 10 trabajadores fijos. Por el momento se desconoce cuál será la actitud que adoptarán para evitar que el cierre decretado les afecte gravemente en sus economías.