El Govern aprobó ayer el anteproyecto de ley de puertos deportivos,
que permitirá la construcción y ampliación de instalaciones
náuticas en Balears y anulará la moratoria aprobada en noviembre
del año 2002. La consellera de Obres Públiques, Mabel Cabrer,
presentó las líneas básicas del anteproyecto de ley, que establece
que la ampliación o construcción de nuevos puertos requerirá un
informe de los consells respectivos y de los ayuntamientos
implicados. Sin embargo, estos informes no serán determinantes y la
última palabra la tendrá el Govern, que podrá denegar los nuevos
proyectos por «razones de oportunidad».
Cabrer admitió que existían propuestas en Obres Públiques para
construir nuevos puertos, reconoció la importancia del sector
náutico para el turismo balear, recalcó que hay muchas personas
-más de 3.000- que esperan conseguir un amarre en puertos
gestionados por la Comunitat Autónoma, pero insistió en que las
peculiaridades territoriales de Balears condicionaban la
construcción de nuevos puertos. «Hay que buscar el consenso»,
prometió Cabrer. Este anteproyecto de ley afectará a los 8.500
amarres gestionados por empresas concesionarias y a las 2.500
plazas de los puertos que controla directamente el Govern. Desde el
Ejecutivo indicaron ayer a este periódico que no hay ninguna
intención de aprobar la construcción de nuevos puertos, pero sí
voluntad de ampliar las instalaciones náuticas más saturadas.
El anteproyecto aprobado ayer por el Consell de Govern prevé la
creación de un nuevo ente autónomo, «Ports de les Illes Balears»,
que contará con un órgano de gobierno y un consejo asesor. El
anteproyecto de ley fija los servicios que deben prestar los
puertos de Balears y regula las autorizaciones, concesiones y los
puestos de amarre en las instalaciones de gestión directa o
indirecta. Cabrer explicó que la concesión de un amarre en un
puerto gestionado por la Comunitat Autònoma se mantendrá igual que
ahora, pero vaticinó que se producirá un importante movimiento en
las listas de espera. En algunos puertos hay peticiones de amarres
que no han podido asignarse desde 1986.
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