Esta distancia mínima de 2 kilómetros está fijada por un
reglamento estatal de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas que data de 1961. El conseller de Medi Ambient, Jaume
Font, ha declarado que «esta norma podía ser válida hace más de 40
años, cuando entró en vigor, y en territorios continentales, pero,
en un territorio insular como el nuestro y en el siglo XXI, la
vigilancia y el cumplimiento de este reglamento son prácticamente
imposibles en Balears, sobre todo en Eivissa o Menorca».
Sin embargo, la supresión de la distancia mínima no significa
que las nuevas depuradoras puedan construirse en cualquier lugar,
incluso junto a un núcleo de población. Font indica que «las
ubicaciones de nuevas plantas depuradoras serán determinadas por
los correspondientes procedimientos de evaluación ambiental. Sólo
estos estudios fijarán las distancias mínimas respecto a núcleos
urbanos de manera individual, sin establecer un baremo único para
todos, pero siempre respetando y teniendo en cuenta las condiciones
medioambientales y el bienestar de los vecinos, sin causar
perjuicios».
Para el conseller, «la realidad actual de Balears hace
prácticamente inviable aplicar un reglamento estatal que se ha
quedado caduco para las Islas. Hay que tener en cuenta que no sólo
interviene el factor de la distancia mínima para decidir la
ubicación de una depuradora. Intervienen otros factores y
condicionantes, y entre unos y otros, no podríamos construir
ninguna estación nueva».
Balears es una de las comunidades autónomas más avanzadas en su
nivel de depuración de aguas residuales, con el objetivo de no
contaminar el mar. No obstante, muchas de las depuradoras
construidas años atrás se han quedado pequeñas u obsoletas. Es por
ello que los diferentes ejecutivos autonómicos de los últimos años
han destinado grandes inversiones a la modernización o mejora de
las instalaciones existentes, pero no es suficiente. El crecimiento
de determinados núcleos urbanos, especialmente los costeros de
carácter turístico, obliga a construir nuevas estaciones.
Depuradoras con capacidad para atender una población de 10.000
habitantes y un tratamiento de algo menos de 2.000 metros cúbicos
diarios cuestan más de dos millones de euros.
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