Joan Servera, Andreu Genovart y Pere Torres (de izquierda a derecha) presentaron ayer el balance económico del Obispado. Foto: S. AMENGUAL

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La economía diocesana está realizando auténticos encajes de bolillos para equilibrar sus cuentas, amenazadas por una reducción de ingresos durante el pasado ejercicio. El Obispado adeudaba 9,1 millones de euros en 2003, 2,3 más que en 2002 debido al coste de las nuevas obras de reformas emprendidas por distintas parroquias. Los ingresos ascendieron a 4,1 millones de euros mientras que los gastos se situaron en 3,9 millones de euros. Asimismo, los ingresos derivados de las aportaciones voluntarias de los contribuyentes en la declaración de la renta se mantiene estable (2.6 millones de euros en 2992), pero lejos, todavía, de lo que corresponde a una comunidad con los niveles de ingresos de Balears. La primera medida ha sido el inmediato recorte de gastos, según explicaron ayer en una rueda de prensa el vicario general de la Diócesis, Andreu Genovart, el vicario epicospal de Asuntos Económicos, Joan Servera, y el ecónomo diocesano, Pere Torres, con motivo de la celebración, el 14 de noviembre, del Día de la Iglesia Diocesana. En esta jornada, los máximos responsables de la Diócesis recuerdan, bajo el lema «Ajuda a qui no surt a la foto», a todos los cristianos «la necesidad de que colaboren en el sostenimiento económico de su Iglesia».

«Nuestro patrimonio se ha vuelto viejo», afirmó Joan Servera. «Desde 1995 hasta este año hemos presentado 60 proyectos y se han aprobado 3 por un valor de 15 millones de euros, de los cuales 9 se amortizan con subvenciones. El resto implica un gran esfuerzo para las parroquias y la Diócesis, que contribuye abonando los intereses de la deuda generada, que el pasado año ascendió a 161.000 euros», explico el vicario episcopal de Asuntos Económicos. En capítulos concretos, Servera explicó que las suscripciones bancarias «están estabilizadas», mientras que las colectas «sufren más variaciones debido a que algunos años se registran donativos importantes a la Iglesia, y en otros no, lo que produce oscilaciones», subrayó. Con respecto a la campaña del IRPF correspondiente al ejercicio 2002, la Iglesia recaudó 2,6 millones de euros, aunque no todo ese dinero llegó a las arcas del Obispado. «El Estado da el dinero a la Conferencia Episcopal, que luego lo reparte entre todas las iglesias de España, pero de las cantidades que nos correspondían, recibimos 240.000 euros menos, es decir, estamos beneficiando, también, a iglesias de la península», dijo Pere Torres.

También, el ecónomo diocesano llamó la atención sobre los ingresos por el IRPF en Balears, «ya que estamos situados en la parte media-alta de todo el Estado en ese concepto, pero recibimos menos de lo que nos correspondería, dada nuestra condición de comunidad 'rica' y con elevados ingresos». Con respecto a las medidas que adoptará la Administración Diocesana para generar más ingresos, destaca la posibilidad de rentabilizar aquellas viviendas, propiedad de la Iglesia, que estén desocupadas a través de alquileres por un tiempo determinado. En otros inmuebles, el Obispado puede llegar a acuerdos puntuales con los Ayuntamientos para cederlos a distintos fines, como guarderías, explicó Joan Servera.